la politica en españa ---- CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA DE 1978

Constitución de

1978

CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA DE 1978

DON JUAN CARLOS I, REY DE ESPAÑA, A TODOS LOS QUE LA PRESENTE

VIEREN Y ENTENDIEREN, SABED: QUE LAS CORTES HAN APROBADO Y

EL PUEBLO ESPAÑOL RATIFICADO LA SIGUIENTE CONSTITUCIÓN:

PREÁMBULO

La Nación española, deseando establecer la justicia, la libertad y la seguridad y

promover el bien de cuantos la integran, en uso de su soberanía, proclama su voluntad

de:

Garantizar la convivencia democrática dentro de la Constitución y de las leyes

conforme a un orden económico y social justo.

Consolidar un Estado de Derecho que asegure el imperio de la ley como expresión de

la voluntad popular.

Proteger a todos los españoles y pueblos de España en el ejercicio de los derechos

humanos, sus culturas y tradiciones, lenguas e instituciones.

Promover el progreso de la cultura y de la economía para asegurar a todos una digna

calidad de vida.

Establecer una sociedad democrática avanzada, y colaborar en el fortalecimiento de

unas relaciones pacíficas y de eficaz cooperación entre todos los pueblos de la Tierra.

En consecuencia, las Cortes aprueban y el pueblo español ratifica la siguiente

CONSTITUCIÓN

TÍTULO PRELIMINAR

Artículo 1

1. España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna

como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la

igualdad y el pluralismo político.

2. La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del

Estado.

3. La forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria.

Artículo 2

La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria

común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la

autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre

todas ellas.

Artículo 3

1. El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen

el deber de conocerla y el derecho a usarla.

2. Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas

Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos.

3. La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio

cultural que será objeto de especial respeto y protección.

Artículo 4

1. La bandera de España está formada por tres franjas horizontales, roja, amarilla y

roja, siendo la amarilla de doble anchura que cada una de las rojas.

2. Los estatutos podrán reconocer banderas y enseñas propias de las Comunidades

Autónomas. Estas se utilizarán junto a la bandera de España en sus edificios públicos

y en sus actos oficiales.

Artículo 5

La capital del Estado es la villa de Madrid.

Artículo 6

Los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y

manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la

participación política. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del

respeto a la Constitución y a la ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán

ser democráticos.

Artículo 7

Los sindicatos de trabajadores y las asociaciones empresariales contribuyen a la

defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios. Su

creació n y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y

a la ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos.

Artículo 8

1. Las Fuerzas Armadas, constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el

Ejército del Aire, tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de

España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional.

2. Una ley orgánica regulará las bases de la organización militar conforme a los

principios de la presente Constitución.

Artículo 9

1. Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del

ordenamiento jurídico.

2. Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y

la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas;

remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación

de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social.

3. La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la

publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no

favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la

responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.

TÍTULO I

De los derechos y deberes fundamentales

Artículo 10

1. La diginidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre

desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son

fundamento del orden político y de la paz social.

2. Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la

Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal

de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las materias

ratificados por España.

CAPÍTULO PRIMERO

De los españoles y los extranjeros

Artículo 11

1. La nacionalidad española se adquiere, se conserva y se pierde de acuerdo con lo

establecido por la ley.

2. Ningún español de origen podrá ser privado de su nacionalidad.

3. El Estado podrá concertar tratados de doble nacionalidad con los países

iberoamericanos o con aquellos que hayan tenido o tengan una particular vinculación

con España. En estos mismos países, aún cuando no reconozcan a sus ciudadanos un

derecho recíproco, podrán naturalizarse los españoles sin perder su nacionalidad de

origen.

Artículo 12

Los españoles son mayores de edad a los dieciocho años.

Artículo 13

1. Los extranjeros gozarán en España de las libertades públicas que garantiza el

presente Título en los términos que establezcan los tratados y la ley.

2. Solamente los españoles serán titulares de los derechos reconocidos en el Artículo

23, salvo lo que, atendiendo a criterios de reciprocidad, pueda establecerse por tratado

o ley para el derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones municipales.

3. La extradición sólo se concederá en cumplimiento de un tratado o de una ley,

atendiendo al principio de reciprocidad. Quedan excluidos de la extradición los

delitos políticos, no considerándose como tales los actos de terrorismo.

4. La ley establecerá los términos en que los ciudadanos de otros países y los

apátridas podrán gozar del derecho de asilo en España.

CAPÍTULO SEGUNDO

Derechos y libertades

Artículo 14

Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna

por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o

circunstancia personal o social.

Sección primera

De los derechos fundamentales y de las libertades públicas

Artículo 15

Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que, en ningún

caso, puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes.

Queda abolida la pena de muerte, salvo lo que puedan disponer las leyes penales

militares para tiempos de guerra.

Artículo 16

1. Se garantiza la libertad ideoló gica, religiosa y de culto de los individuos y las

comunidades sin más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el

mantenimiento del orden público protegido por la ley.

2. Nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias.

3. Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta

las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes

relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones.

Artículo 17

1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad. Nadie puede ser privado

de su libertad, sino con la observancia de lo establecido en este artículo y en los casos

y en la forma previstos en la ley.

2. La detención preventiva no podrá durar más del tiempo estrictamente necesario

para la realización de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos,

y, en todo caso, en el plazo máximo de setenta y dos horas, el detenido deberá ser

puesto en libertad o a disposición de la autoridad judicial.

3. Toda persona detenida debe ser informada de forma inmediata, y de modo que le

sea comprensible, de sus derechos y de las razones de su detención, no pudiendo ser

obligada a declarar. Se garantiza la asistencia de abogado al detenido en las

diligencias policiales, en los términos que la ley establezca.

4. La ley regulará un procedimiento de "habeas corpus" para producir la inmediata

puesta a disposición judicial de toda persona detenida ilegalmente. Asimismo, por ley

se determinará el plazo máximo de duración de la prisión provisional.

Artículo 18

1. Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia

imagen.

2. El domicilio es inviolable. Ninguna entrada o registro podrá hacerse en él sin

consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en caso de flagrante delito.

3. Se garantiza el secreto de las comunicaciones y, en especial, de las postales,

telegráficas y telefónicas, salvo resolución judicial.

4. La ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad

personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos.

Artículo 19

Los españoles tienen derecho a elegir libremente su residencia y a circular por el

territorio nacional.

Asimismo, tienen derecho a entrar y salir libremente de España en los términos que la

ley establezca. Este derecho no podrá ser limitado por motivos políticos o

ideológicos.

Artículo 20

1. Se reconocen y protegen los derechos:

a) A expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la

palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción.

b) A la producción y creación literaria, artística, científica y técnica.

c) A la libertad de cátedra.

d) A comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de

difusión. La ley regulará el derecho a la cláusula de conciencia y al secreto

profesional en el ejercicio de estas libertades.

2. El ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de

censura previa.

3. La ley regulará la organización y el control parlamentario de los medios de

comunicación social dependientes del Estado o de cualquier ente público y

garantizará el acceso a dichos medios de los grupos sociales y políticos significativos,

respetando el pluralismo de la sociedad y de las diversas lenguas de España.

4. Estas libertades tienen su límite en el respeto a los derechos reconocidos en este

Título, en los preceptos de las leyes que lo desarrollen y, especialmente, en el derecho

al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la

infancia.

5. Sólo podrá acordarse el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de

información en virtud de resolución judicial.

Artículo 21

1. Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. El ejercicio de este derecho

no necesitará de autorización previa.

2. En los casos de reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones se dará

comunicación previa a la autoridad, que sólo podrá prohibirlas cuando existan

razones fundadas de alteración del orden público, con peligro para personas o bienes.

Artículo 22

1. Se reconoce el derecho de asociación.

2. Las asociaciones que persigan fines o utilicen medios tipificados como delito son

ilegales.

3. Las asociaciones constituidas al amparo de este Artículo deberán inscribirse en un

registro a los solos efectos de publicidad.

4. Las asociaciones sólo podrán ser disueltas o suspendidas en sus actividades en

virtud de resolución judicial motivada.

5. Se prohiben las asociaciones secretas y las de carácter paramilitar.

Artículo 23

1. Los ciudadanos tiene el derecho a participar en los asuntos públicos, directamente

o por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por

sufragio universal.

2. Asimismo, tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y

cargos públicos, con los requisitos que señalen las leyes.

Artículo 24

1. Todas las personas tienen derecho a obtener tutela efectiva de los jueces y

tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún

caso, pueda producirse indefensión.

2. Asimismo, todos tienen derecho al Juez ordinario predeterminado por la ley, a la

defensa y a la asistencia al letrado, a ser informados de la acusación formulada contra

ellos, a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías, a

utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa, a no declarar contra sí

mismos, a no confesarse culpables y a la presunción de inocencia.

La ley regulará los casos en que, por razón de parentesco o de secreto profesional, no

se estará obligado a declarar sobre hechos presuntamente delictivos.

Artículo 25

1. Nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el

momento de producirse no constituyan delito, falta o infracción administrativa, según

la legislación vigente en aquel momento.

2. Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia

la reeducación y reinserción social y no podrán consistir en trabajos forzados. El

condenado a pena de prisión que estuviere cumpliendo la misma gozará de los

derechos fundamentales de este Capítulo, a excepción de los que se vean

expresamente limitados por el contenido del fallo condenatorio, el sentido de la pena

y la ley penitenciaria. En todo caso, tendrá derecho a un trabajo remunerado y a los

beneficios correspondientes de la Seguridad Social, así como al acceso a la cultura y

al desarrollo integral de su personalidad.

3. La Administración civil no podrá imponer sanciones que, directa o

subsidiariamente, impliquen privación de libertad.

Artículo 26

Se prohiben los Tribunales de Honor en el ámbito de la Administración civil y de las

organizaciones profesionales.

Artículo 27

1. Todos tienen el derecho a la educación. Se reconoce la libertad de enseñanza.

2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el

respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades

fundamentales.

3. Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus

hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias

convicciones.

4. La enseñanza básica es obligatoria y gratuita.

5. Los poderes públicos garantizan el derecho de todos a la educación, mediante una

programación general de la enseñanza, con participació n efectiva de todos los

sectores afectados y la creación de centros docentes.

6. Se reconoce a las personas físicas y jurídicas la libertad de creación de centros

docentes, dentro del respeto a los principios constitucionales.

7. Los profesores, los padres y, en su caso, los alumnos intervendrán en el control y

gestión de todos los centros sostenidos por la Administración con fondos públicos, en

los términos que la ley establezca.

8. Los poderes públicos inspeccionarán y homologarán el sistema educativo para

garantizar el cumplimiento de las leyes.

9. Los poderes públicos ayudarán a los centros docentes que reúnan los requisitos que

la ley establezca.

10. Se reconoce la autonomía de las Universidades, en los términos que la ley

establezca.

Artículo 28

1. Todos tienen derecho a sindicarse libremente. La ley podrá limitar o exceptuar el

ejercicio de este derecho a las Fuerzas o Institutos armados o a los demás Cuerpos

sometidos a disciplina militar y regulará las peculiaridades de su ejercicio para los

funcionarios públicos. La libertad sindical comprende el derecho a fundar sindicatos y

a afiliarse al de su elección, así como el derecho de los sindicatos a formar

confederaciones y a formar organizaciones sindicales internacionales o a afiliarse a

las mismas. Nadie podrá ser obligado a afiliarse a un sindicato.

2. Se reconoce el derecho a la huelga de los trabajadores para la defensa de sus

intereses. La ley que regule el ejercicio de este derecho establecerá las garantías

precisas para asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad.

Artículo 29

1. Todos los españoles tendrán el derecho de petición individual y colectiva, por

escrito, en la forma y con los efectos que determine la ley.

2. Los miembros de las Fuerzas o Institutos armados o de los Cuerpos sometidos a

disciplina militar podrán ejercer este derecho sólo individualmente y con arreglo a lo

dispuesto en su legislación específica.

Sección segunda.

De los derechos y deberes de los ciudadanos

Artículo 30

1. Los españoles tienen el derecho y el deber de defender a España.

2. La ley fijará las obligaciones militares de los españoles y regulará, con las debidas

garantías, la objeción de conciencia, así como las demás causas de exención del

servicio militar obligatorio, pudiendo imponer, en su caso, una prestación social

sustitutoria.

3. Podrá establecerse un servicio civil para el cumplimiento de fines de interés

general.

4. Mediante ley podrán regularse los deberes de los ciudadanos en los casos de grave

riesgo, catástrofe o calamidad pública.

Artículo 31

1. Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su

capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios

de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio.

2. El gasto público realizará una asignación equitativa de los recursos públicos, y su

programación y ejecución responderán a los criterios de eficiencia y economía.

3. Sólo podrán establecerse prestaciones personales o patrimoniales de carácter

público con arreglo a la ley.

Artículo 32

1. El hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio con plena igualdad

jurídica.

2. La ley regulará las formas de matrimonio, la edad y capacidad para contraerlo, los

derechos y deberes de los cónyuges, las causas de separación y disolución y sus

efectos.

Artículo 33

1. Se reconoce el derecho a la propiedad privada y a la herencia.

2. La función social de estos derechos delimitará su contenido, de acuerdo con las

leyes.

3. Nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de

utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización y de

conformidad con lo dispuesto por las leyes.

Artículo 34

1. Se reconoce el derecho de fundación para fines de interés general, con arreglo a la

ley.

2. Regirá también para las fundaciones lo dispuesto en los apartados 2 y 4 del

Artículo 22.

Artículo 35

1. Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre

elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una

remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en

ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo.

2. La ley regulará un estatuto de los trabajadores.

Artículo 36

La ley regulará las peculiaridades propias del régimen jurídico de los Colegios

Profesionales y el ejercicio de las profesiones tituladas. La estructura interna y el

funcionamiento de los Colegios deberán ser democráticos.

Artículo 37

1. La ley garantizará el derecho a la negociación colectiva laboral entre los

representantes de los trabajadores y empresarios, así como la fuerza vinculante de los

convenios.

2. Se reconoce el derecho de los trabajadores y empresarios a adoptar medidas de

conflicto colectivo. La ley que regule el ejercicio de este derecho, sin perjuicio de las

limitaciones que puedan establecer, incluirá las garantías precisas para asegurar el

funcionamiento de los servicios esenciales de la comunidad.

Artículo 38

Se reconoce la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado. Los

poderes públicos garantizan y protegen su ejercicio y la defensa de la productividad,

de acuerdo con las exigencias de la economía general y, en su caso, de la

planificación.

CAPÍTULO TERCERO

De los principios rectores de la política social y económica

Artículo 39

1. Los poderes públicos aseguran la protección social, económica y jurídica de la

familia.

2. Los poderes públicos aseguran asimismo, la protección integral de los hijos,

iguales éstos ante la ley con independencia de su filiación, y de las madres, cualquiera

que sea su estado civil. La ley posibilitará la investigación de la paternidad.

3. Los padres deben prestar asistencia de todo orden a los hijos habidos dentro o fuera

del matrimonio, durante su minoría de edad y en los demás casos en los que

legalmente proceda.

4. Los niños gozarán de la protección prevista en los acuerdos internacionales que

velan por sus derechos.

Artículo 40

1. Los poderes públicos promoverán las condiciones favorables para el progreso

social y económico y para una distribución de la renta regional y personal más

equitativa, en el marco de una política de estabilidad económica. De manera especial

realizarán una política orientada al pleno empleo.

2. Asimismo, los poderes públicos fomentarán una política que garantice la formación

y readaptación profesionales, velaran por la seguridad e higiene en el trabajo y

garantizarán el descanso necesario, mediante la limitación de la jornada laboral, las

vacaciones periódicas retribuidas y la promoción de centros adecuados.

Artículo 41

Los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social para todos

los ciudadanos, que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante

situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo. La asistencia y

prestaciones complementarias serán libres.

Artículo 42

El Estado velará especialmente por la salvaguardia de los derechos económicos y

sociales de los trabajadores españoles en el extranjero y orientará su política hacia su

retorno.

Artículo 43

1. Se reconoce el derecho a la protección de la salud.

2. Compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de

medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. La ley establecerá

los derechos y deberes de todos al respecto.

3. Los poderes públicos fomentarán la educación sanitaria, la educación física y el

deporte. Asimismo facilitarán la adecuada utilización del ocio.

Artículo 44

1. Los poderes públicos promoverán y tutelarán el acceso a la cultura, a la que todos

tienen derecho.

2. Los poderes públicos promoverán la ciencia y la investigación científica y técnica

en beneficio del interés general.

Artículo 45

1. Todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el

desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo.

2. Los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos

naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de vida y defender y restaurar el

medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva.

3. Para quienes violen lo dispuesto en el apartado anterior, en los términos que la ley

fije se establecerán sanciones penales o, en su caso, administrativas, así como la

obligación de reparar el daño causado.

Artículo 46

Los poderes públicos garantizarán la conservación y promoverán el enriquecimiento

del patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos de España y de los bienes

que lo integran, cualquiera que sea su régimen y su titularidad. La ley penal

sancionará los atentados contra este patrimonio.

Artículo 47

Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los

poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas

pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de

acuerdo con el interés general para impedir la especulación.

La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los

entes públicos.

Artículo 48

Los poderes públicos promoverán las condiciones para la participación libre y eficaz

de la juventud en el desarrollo político, social, económico y cultural.

Artículo 49

Los poderes públicos realizaran una política de previsión, tratamiento, rehabilitación

e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a los que prestarán la

atención especializada que requieran y los ampararán especialmente para el disfrute

de los derechos que este Título otorga a todos los ciudadanos.

Artículo 50

Los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente

actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad.

Asimismo, y con independencia de las obligaciones familiares, promoverán su

bienestar mediante un sistema de servicios sociales que atenderán sus problemas

específicos de salud, vivienda, cultura y ocio.

Artículo 51

1. Los poderes públicos garantizarán la defensa de los consumidores y usuarios,

protegiendo, mediante procedimientos eficaces, la seguridad, la salud y los legítimos

intereses económicos de los mismos.

2. Los poderes públicos promoverán la información y la educación de los

consumidores y usuarios, fomentarán sus organizaciones y oirán a éstas en las

cuestiones que puedan afectar a aquéllos, en los términos que la ley establezca

3. En el marco de lo dispuesto por los apartados anteriores, la ley regulará el

comercio interior y el régimen de autorización de productos comerciales.

Artículo 52

La ley regulará las organizaciones profesionales que contribuyan a la defensa de los

intereses económicos que les sean propios. Su estructura interna y funcionamiento

deberán ser democráticos.

CAPÍTULO CUARTO

De las garantías de las libertades y derechos fundamentales

Artículo 53

1. Los derechos y libertades reconocidos en el Capítulo segundo del presente Título

vinculan a todos los poderes públicos. Sólo por ley, que en todo caso deberá respetar

su contenido esencial, podrá regularse el ejercicio de tales derechos y libertades, que

se tutearán de acuerdo con lo previsto en el Artículo 161, 1, a)

2. Cualquier ciudadano podrá recabar la tutela de las libertades y derechos

reconocidos en el Artículo 14 y la Sección primera del Capítulo segundo ante los

Tribunales ordinarios de preferencia y sumariedad y, en su caso, a través del recurso

de amparo ante el Tribunal Constitucional. Este último recurso será aplicable a la

objeción de conciencia reconocida en el Artículo 30.

3. El reconocimiento, el respeto y la protección de los principios reconocidos en el

Capítulo tercero informarán la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación

de los poderes públicos. Sólo podrán ser legados ante la Jurisdicción ordinaria de

acuerdo con lo que dispongan las Leyes que los desarrollen.

Artículo 54

Una ley orgánica regulará la institución del Defensor del Pueblo, como alto

comisionado de las Cortes Generales, designado por éstas para la defensa de los

derechos comprendidos en este Título, a cuyo efecto podrá supervisar la actividad de

la Administración, dando cuenta a las Cortes Generales.

CAPÍTULO QUINTO

De la suspensión de los derechos y libertades

Artículo 55

1. Los derechos reconocidos en los artículos 17, 18, apartados 2 y 3, artículos 19, 20,

apartados 1, a) y d), y 5, artículos 21, 28, apartado 2, y artículo 37, apartado 2,

podrán ser suspendidos cuando se acuerde la declaración del estado de excepción o de

sitio en los términos previstos en la Constitución. Se exceptúa de lo establecido

anteriormente el apartado 3 del artículo 17 para el supuesto de declaración de estado

de excepción.

2. Una ley orgánica podrá determinar la forma y los casos en los que, de forma

individual y con la necesaria intervención judicial y el adecuado control

parlamentario, los derechos reconocidos en los artículos 17, apartado 2, y 18,

apartados 2 y 3, pueden ser suspendidos para personas determinadas, en relación con

las investigaciones correpondientes a la actuación de bandas armadas o elementos

terroristas.

La utilización injustificada o abusiva de las facultades reconocidas en dicha ley

orgánica producirá responsabilidad penal, como violación de los derechos y libertades

reconocidos por las leyes.

TÍTULO II

De la Corona

Artículo 56

1. El Rey es el Jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia, arbitra y modera el

funcionamiento regular de las instituciones, asume la más alta representación del Estado

Español en las relaciones internacionales, especialmente con las naciones de su

comunidad histórica, y ejerce las funciones que le atribuyen expresamente la Constitución

y las leyes.

2. Su título es el de Rey de España y podrá utilizar los demás que correspondan a la

Corona.

3. La persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad. Sus actos estarán

siempre refrendados en la forma establecida en el Artículo 64, careciendo de validez sin

dicho refrendo, salvo lo dispuesto en el Artículo 65.2.

Artículo 57

1. La Corona de España es hereditaria en los sucesores de S. M. Don Juan Carlos I de

Borbón, legitimo heredero de la dinastía histórica. La sucesión en el trono seguirá el

orden regular de primogenitura y representación, siendo preferida siempre la línea

anterior a las posteriores; en la misma línea, el grado más próximo al mas remoto; en el

mismo grado,

el varón a la mujer, y en el mismo sexo, la persona de mas edad a la de menos.

2. El Príncipe heredero, desde su nacimiento o desde que se produzca el hecho que

origine el llamamiento, tendrá la dignidad de Príncipe de Asturias y los demás títulos

vinculados tradicionalmente al sucesor de la Corona de España.

3. Extinguidas todas las líneas llamadas en derecho, las Cortes Generales proveerán a la

sucesión en la Corona en la forma que mas convenga a los intereses de España.

4. Aquellas personas que teniendo derecho a la sucesión en el trono contrajeren

matrimonio contra la expresa prohibición del Rey y de las Cortes Generales, quedarán

excluidas en la sucesión a la Corona por si y sus descendientes.

5. Las abdicaciones y renuncias y cualquier duda de hecho o de derecho que ocurra en el

orden de sucesión a la Corona se resolverán por una ley orgánica.

Artículo 58

La Reina consorte o el consorte de la Reina no podrán asumir funciones constitucionales,

salvo lo dispuesto para la Regencia.

Artículo 59

1. Cuando el Rey fuere menor de edad, el padre o la madre del Rey y, en su defecto, el

pariente mayor de edad mas próximo a suceder en la Corona, según el orden establecido

en la Constitución, entrará a ejercer inmediatamente la Regencia y la eje rcerá durante el

tiempo de la minoría de edad del Rey.

2. Si el Rey se inhabilitare para el ejercicio de su autoridad y la imposibilidad fuere

reconocida por las Cortes Generales, entrará a ejercer inmediatamente la Regencia el

Príncipe heredero de la Corona, si fuere mayor de edad. Si no lo fuere, se procederá de la

manera prevista en el apartado anterior, hasta que el Príncipe heredero alcance la mayoría

de edad.

3. Si no hubiere ninguna persona a quien corresponda la Regencia, esta será nombrada

por las Cortes Generales, y se compondrá de una, tres o cinco personas.

4. Para ejercer la Regencia es preciso ser Español y mayor de edad.

5. La Regencia se ejercerá por mandato constitucional y siempre en nombre del Rey.

Artículo 60

1. Será tutor del Rey menor la persona que en su testamento hubiese nombrado el Rey

difunto, siempre que sea mayor de edad y Español de nacimiento; si no lo hubiese

nombrado, será tutor el padre o la madre, mientras permanezcan viudos. En su defecto, lo

nombraran las Cortes Generales, pero no podrán acumularse los cargos de Regente y de

autor sino en el padre, madre o ascendientes directos del Rey.

2. El ejercicio de la tutela es también incompatible con el de todo cargo o representación

política.

Artículo 61

1. El Rey, al ser proclamado ante las Cortes Generales, prestará juramento de desempeñar

fielmente sus funciones, guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes y respetar los

derechos de los ciudadanos y de las Comunidades Autónomas.

2. El Príncipe heredero, al alcanzar la mayoría de edad, y el Regente o Regentes al

hacerse cargo de sus funciones, prestarán el mismo juramento, así como el de fidelidad al

Rey.

Artículo 62

Corresponde al Rey:

a) Sancionar y promulgar las leyes.

b) Convocar y disolver las Cortes Generales y convocar elecciones en los términos

previstos en la Constitución.

c) Convocar a referéndum en los casos previstos en la Constitución.

d) Proponer el candidato a Presidente del Gobierno, y en su caso, nombrarlo, así como

poner fin a sus funciones en los términos previstos en la Constitución.

e) Nombrar y separar a los miembros del Gobierno, a propuesta de su Presidente.

f) Expedir los decretos acordados en el Consejo de Ministros, conferir los empleos civiles

y militares y conceder honores y distinciones con arreglo a las leyes.

g) Ser informado de los asuntos de Estado y presidir, a estos efectos, las sesiones del

Consejo de Ministros, cuando lo estime oportuno, a petición del Presidente de Gobierno.

h) El mando supremo de las Fuerzas Armadas.

i) Ejercer el derecho de gracia con arreglo a la ley, que no podrá autorizar indultos

generales.

j) El Alto Patronazgo de las Reales Academias.

Artículo 63

1. El Rey acredita a los embajadores y otros representantes diplomáticos. Los

representantes extranjeros en España están acreditados ante él.

2. Al Rey corresponde manifestar el consentimiento del Estado para obligarse

internacionalmente por medio de tratados, de conformidad con la Constitución y las leyes.

3. Al Rey corresponde, previa autorización de las Cortes Generales, declarar la guerra y

hacer la paz.

Artículo 64

1. Los actos del Rey serán refrendados por el Presidente del Gobierno y, en su caso, por

los Ministros competentes. La propuesta y el nombramiento del Presidente del Gobierno,

y la disolución prevista en el Artículo 99, serán refrendados por el Presidente del

Congreso.

2. De los actos del Rey serán responsables las personas que los refrenden.

Artículo 65

1. El Rey recibe de los Presupuestos del Estado una cantidad global para el sostenimiento

de su familia y Casa, y distribuye libremente la misma.

2. El Rey nombra y releva libremente a los miembros civiles y militares de su Casa.

TÍTULO III

De las Cortes Generales

CAPÍTULO PRIMERO

De las Cámaras

Artículo 66

1. Las Cortes Generales representan al pueblo Español y están formadas por el Congreso

de los Diputados y el Senado.

2. Las Cortes Generales ejercen la potestad legislativa del Estado, aprueban sus

Presupuestos, controlan la acción del Gobierno y tienen las demás competencias que les

atribuya la Constitución.

3. Las Cortes Generales son inviolables.

Artículo 67

1. Nadie podrá ser miembro de las dos Cámaras simultáneamente, ni acumular el acta de

una Asamblea de Comunidad Autónoma con la de Diputado al Congreso.

2. Los miembros de las Cortes Generales no estarán ligados por mandato imperativo.

3. Las reuniones de Parlamentarios que se celebren sin convocatoria reglamentaria no

vincularán a las Cámaras y no podrán ejercer sus funciones ni ostentar sus privilegios.

Artículo 68

1. El Congreso se compone de un mínimo de 300 y de un máximo de 400 Diputados,

elegidos por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto, en los términos que

establezca la ley.

2. La circunscripció n electoral es la provincia. Las poblaciones de Ceuta y Melilla estarán

representadas cada una de ellas por un Diputado. La ley distribuirá el numero total de

Diputados, asignando una representación mínima inicial a cada circunscripción y

distribuyendo los demás en proporción a la población.

3. La elección se verificará en cada circunscripción atendiendo a criterios de

representación proporcional.

4. El Congreso es elegido por cuatro años, El mandato de los Diputados termina cuatro

años después de su elección o el día de la disolución de la Cámara.

5. Son electores y elegibles todos los Españoles que estén en pleno uso de sus derechos

políticos. La ley reconocerá y el Estado facilitará el ejercicio del derecho de sufragio a los

Españoles que se encuentren fuera del territorio de España.

6. Las elecciones tendrán lugar entre los treinta días y sesenta días desde la terminación

del mandato. El Congreso electo deberá ser convocado dentro de los veinticinco días

siguientes a la celebración de las elecciones.

Artículo 69

1. El Senado es la Cámara de representación territorial.

2. En cada provincia se elegirán cuatro Senadores por sufragio universal, libre, igual,

directo y secreto por los votantes de cada una de ellas, en los términos que señale una ley

orgánica.

3. En las provincias insulares, cada isla o agrupación de ellas, con Cabildo o Consejo

Insular, constituirá una circunscripción a efectos de elección de Senadores,

correspondiendo tres a cada una de las islas mayores - Gran Canaria, Mallorca y Tenerife

- y uno a cada una de las siguientes islas o agrupaciones: Ibiza-Formentara, Menorca,

Fuerteventura, Gomera, Hierro, Lanzarote y La Palma.

4. Las poblaciones de Ceuta y Melilla elegirán cada una de ellas dos Senadores.

5. Las Comunidades Autónomas designarán además un Senador y otro mas por cada

millón de habitantes de su respectivo territorio. La designación corresponderá a la

Asamblea legislativa o, en su defecto, al órgano colegiado superior de la Comunidad

Autónoma, de acuerdo con lo que establezcan los Estatutos, que aseguraran, en todo caso,

la adecuada representación proporcional.

6. El Senado es elegido por cuatro años. El mandato de los Senadores termina cuatro años

después de su elección o el día de la disolución de la Cámara.

Artículo 70

1. La ley electoral determinará las causas de inelegibilidad e incompatibilidad de los

Diputados y Senadores, que comprenderán, en todo caso:

a) A los componentes del Tribunal Constitucional.

b) A los altos cargos de la Administración del Estado que determine la ley, con la

excepción de los miembros del Gobierno.

c) Al Defensor del Pueblo.

d) A los Magistrados, Jueces y Fiscales en activo.

e) A los militares profesionales y miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y

Policía en activo.

f) A los miembros de las Juntas Electorales.

2. La validez de las actas y credenciales de los miembros de ambas Cámaras estará

sometida al control judicial en los términos que establezca la ley electoral.

Artículo 71

1. Los Diputados y Senadores gozarán de inviolabilidad por las opiniones manifestadas en

el ejercicio de sus funciones.

2. Durante el periodo de su mandato los Diputados y Senadores gozaran asimismo de

inmunidad y solo podrán ser detenidos en caso de flagrante delito. No podrán ser

inculpados ni procesados sin la previa autorización de la Cámara respectiva.

3. En las causas contra Diputados y Senadores será competente la Sala de lo Penal del

Tribunal Supremo.

4. Los Diputados y Senadores percibirán una asignación que será fijada por las

respectivas Cámaras.

Artículo 72

1. Las Cámaras establecen sus propios Reglamentos, aprueban autónomamente sus

presupuestos y, de común acuerdo, regulan el Estatuto del Personal de las Cortes

Generales. Los Reglamentos y su reforma serán sometidos a una votació n final sobre su

totalidad, que requerirá la mayoría absoluta.

2. Las Cámaras eligen sus respectivos Presidentes y los demás miembros de sus Mesas.

Las sesiones conjuntas serán presididas por el Presidente del Congreso y se regirán por un

Reglamento de la s Cortes Generales aprobado por mayoría absoluta de cada Cámara.

3. Los Presidentes de las Cámaras ejercen en nombre de las mismas todos los poderes

administrativos y facultades de policía en el interior de sus respectivas sedes.

Artículo 73

1. Las Cámaras se reunirán anualmente en dos periodos ordinarios de sesiones: el

primero, de septiembre a diciembre, y el segundo, de febrero a junio.

2. Las Cámaras podrán reunirse en sesiones extraordinarias a petición del Gobierno, de la

Diputación Permanente o de la mayoría absoluta de los miembros de cualquiera de las

Cámaras. Las sesiones extraordinarias deberán convocarse sobre un orden del día

determinado y serán clausuradas una vez que este haya sido agotado.

Artículo 74

1. Las Cámaras se reunirán en sesión conjunta para ejercer las competencias no

legislativas que el Título III atribuye expresamente a las Cortes Generales.

2. Las decisiones de las Cortes Generales previstas en los artículos 94,1; 145, 2, y 158, 2,

se adoptarán por mayoría de cada una de las Cámaras. En el primer caso, el

procedimiento se iniciará por el Congreso, y en los otros dos, por el Senado. En ambos

casos, si no hubiera acuerdo entre Senado y Congreso, se intentará obtener por una

Comisión Mixta compuesta de igual número de Diputados y Senadores. La Comisión

presentará un texto, que será votado por ambas Cámaras. Si no se aprueba en la forma

establecida, decidirá el Congreso por mayoría absoluta.

Artículo 75

1. Las Cámaras funcionarán en Pleno y por Comisiones.

2. Las Cámaras podrán delegar en las Comisiones Legislativas Permanentes la aprobación

de proyectos o proposiciones de ley. El Pleno podrá, no obstante, recabar en cualquier

momento el debate y votación de cualquier proyecto o proposición de ley que haya sido

objeto de esta delegación.

3. Quedan exceptuados de lo dispuesto en el apartado anterior la reforma constitucional,

las cuestiones internacionales, las leyes orgánicas y de bases y los Presupuestos Generales

del Estado.

Artículo 76

1. El Congreso y el Senado, y en su caso, ambas Cámaras conjuntamente, podrán nombrar

Comisiones de investigación sobre cualquier asunto de interés publico. Sus conclusiones

no serán vinculantes para los Tribunales, ni afectarán a las resoluciones judiciales, sin

perjuicio de que el resultado de la investigación sea comunicado al Ministerio Fiscal para

el ejercicio, cuando proceda, de las acciones oportunas.

2. Será obligatorio comparecer a requerimiento de las Cámaras. La ley regulará las

sanciones que puedan imponerse por incumplimiento de esta obligación.

Artículo 77

1. Las Cámaras pueden recibir peticiones individuales y colectivas, siempre por escrito,

quedando prohibida la presentación directa por manifestaciones ciudadanas.

2. Las Cámaras pueden remitir al Gobierno las peticiones que reciban. El Gobierno está

obligado a explicarse sobre su contenido, siempre que las Cámaras lo exijan.

Artículo 78

1. En cada Cámara habrá una Diputación Permanente compuesta por un mínimo de

veintiún miembros que representarán a los grupos parlamentarios, en proporción a su

importancia numérica.

2. Las Diputaciones Permanentes estarán presididas por el Presidente de la Cámara

respectiva y tendrán como funciones la prevista en el Artículo 73, la de asumir las

facultades que correspondan a las Cámaras, de acuerdo con los artículos 86 y 116, en caso

de que éstas hubieren sido disueltas o hubiere expirado su mandato, y la de velar por los

poderes de las Cámaras, cuando éstas no estén reunidas.

3. Expirado el mandato o en caso de disolución, las Diputaciones Permanentes seguirán

ejerciendo sus funciones hasta la constitución de las nuevas Cortes Generales.

Artículo 79

1. Para adoptar acuerdos las Cámaras deben estar reunidas reglamentariamente y con

asistencia de la mayoría de sus Miembros.

2. Dichos acuerdos para ser validos deberán ser aprobados por la mayoría de los

miembros presentes, sin perjuicio de las mayorías especiales que establezcan la

Constitución o las

leyes orgánicas y las que para elecció n de personas establezcan los Reglamentos de las

Cámaras.

3. El voto de Senadores y Diputados es personal e indelegable.

Artículo 80

Las sesiones plenarias de las Cámaras serán publicas, salvo acuerdo en contrario de cada

Cámara, adoptado por mayoría absoluta o con arreglo al Reglamento.

CAPÍTULO SEGUNDO

De la elaboración de las leyes

Artículo 81

1. Son leyes orgánicas las relativas al desarrollo de los derechos fundamentales y de las

libertades publicas, las que aprueben los Estatutos de Autonomía y el régimen electoral

general y las demás previstas en la Constitución.

2. La aprobación, modificación o derogación de las leyes orgánicas exigirá mayoría

absoluta del Congreso, en una votación final sobre el conjunto del proyecto.

Artículo 82

1. Las Cortes Generales podrán delegar en el Gobierno la potestad de dictar normas con

rango de ley sobre materias determinadas no incluidas en el artículo anterior.

2. La delegación legislativa deberá otorgarse mediante una ley de bases cuando su objeto

sea la formación de textos articulados o por una ley ordinaria cuando se trate de refundir

varios textos legales en uno solo.

3. La delegación legislativa habrá de otorgarse al Gobierno de forma expresa para materia

concreta y con fijación del plazo para su ejercicio. La delegación se agota por el uso que

de ella haga al Gobierno mediante la publicación de la norma correspondiente. No podrá

entenderse concedida de modo implícito o por tiempo indeterminado. Tampoco podrá

permitir la subdelegación a autoridades distintas del propio Gobierno.

4. Las leyes de bases delimitarán con precisión el objeto y alcance de la delegación

legislativa y los principios y criterios que han de seguirse en su ejercicio.

5. La autorización para refundir textos legales determinará el ámbito normativo a que se

refiere el contenido de la delegación, especificando si se circunscribe a la mera

formalicen de un texto único o si se incluye la de regularizar, aclarar y armonizar los

textos legales que han de ser refundidos.

6. Sin perjuicio de la competencia propia de los Tribunales, las leyes de delegación

podrán establecer en cada caso fórmulas adicionales de control.

Artículo 83

Las leyes de bases no podrán en ningún caso:

a) Autorizar la modificación de la propia ley de bases.

b) Facultar para dictar normas con carácter retroactivo.

Artículo 84

Cuando una proposición de ley o una enmienda fuere contraria a una delegación

legislativa en vigor, el Gobierno esta facultado para oponerse a su tramitación. En tal

supuesto, podrá presentarse una proposición de ley para la derogación total o parcial de la

ley de delegación.

Artículo 85

Las disposiciones del Gobierno que contengan legislación delegada recibirán el título de

Decretos Legislativos.

Artículo 86

1. En caso de extraordinaria y urgente necesidad, el Gobierno podrá dictar disposiciones

legislativas provisionales que tomarán la forma de Decretos-leyes y que no podrán afectar

al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y

libertades de los ciudadanos regulados en el Título Primero, al régimen de las

Comunidades Autónomas, ni al derecho electoral general.

2. Los Decretos-leyes deberán ser inmediatamente sometidos a debate y votación de

totalidad al Congreso de los Diputados, convocado al efecto si no estuviere reunido, en el

plazo de los treinta días siguientes a su promulgación. El Congreso habrá de pronunciarse

expresamente dentro de dicho plazo sobre su convalidación o derogación, para lo cual el

Reglamento establecerá un procedimiento especial y sumario.

3. Durante el plazo establecido en el apartado anterior las Cortes podrán tramitarlos como

proyectos de ley por el procedimiento de urgencia.

Artículo 87

1. La iniciativa legislativa corresponde al Gobierno, al Congreso y al Senado, de acuerdo

con la Constitución y los Reglamentos de las Cámaras.

2. Las Asambleas de las Comunidades Autónomas podrán solicitar del Gobierno la

adopción de un proyecto de ley o remitir a la Mesa del Congreso una proposición de ley,

delegando ante dicha Cámara un máximo de tres miembros de la Asamblea encargados de

su defensa.

3. Una ley orgánica regulará las formas de ejercicio y requisitos de la iniciativa popular

para la presentación de proposiciones de ley. En todo caso se exigirán no menos de

500.000 firmas acreditadas. No procederá dicha iniciativa en materias propias de ley

orgánica, tributarias o de carácter internacional, ni en lo relativo a la prerrogativa de

gracia.

Artículo 88

Los proyectos de ley serán aprobados en Consejo de Ministros, que los someterá al

Congreso, acompañados de una exposición de motivos y de los antecedentes necesarios

para pronunciarse sobre ellos.

Artículo 89

1. La tramitación de las proposiciones de ley se regulara por los Reglamentos de las

Cámaras, sin que la prioridad debida a los proyectos de ley impida el ejercicio de la

iniciativa legislativa en los términos regulados por el Artículo 87.

2. Las proposiciones de ley que, de acuerdo con el Artículo 87 tome en consideració n el

Senado, se remitirán al Congreso para su tramite en este como tal proposición.

Artículo 90

1. Aprobado un proyecto de ley ordinaria u orgánica por el Congreso de los Diputados, su

Presidente dará inmediata cuenta del mismo al Presidente del Senado, el cual lo someterá

a la deliberación de éste.

2. El Senado, en el plazo de dos meses a partir del día de la recepción del texto, puede,

mediante mensaje motivado, oponer su veto o introducir enmiendas al mismo. El veto

deberá ser aprobado por mayoría absoluta. El proyecto no podrá ser sometido al Rey para

sanción sin que el Congreso ratifique por mayoría absoluta, en caso de veto, el texto

inicial, o por mayoría simple, una vez transcurridos dos meses desde la interposición del

mismo, o se pronuncie sobre las enmiendas, aceptándolas o no por mayoría simple.

3. El plazo de dos meses de que el Senado dispone para vetar o enmendar el proyecto se

reducirá al de veinte días naturales en los proyectos declarados urgentes por el Gobierno

o por el Congreso de los Diputados.

Artículo 91

El Rey sancionará en el plazo de quince días las leyes aprobadas por las Cortes Generales,

y las promulgará y ordenará su inmediata publicación.

Artículo 92

1. Las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum

de todos los ciudadanos.

2. El referéndum será convocado por el Rey, mediante propuesta del Presidente del

Gobierno, previamente autorizada por el Congreso de los Diputados.

3. Una ley orgánica regulará las condiciones y el procedimiento de las distintas

modalidades de referéndum previstas en esta Constitución.

CAPÍTULO TERCERO

De los tratados internacionales

Artículo 93

Mediante ley orgánica se podrá autorizar la celebración de tratados por los que se atribuya

a una organizació n o institución internacional el ejercicio de competencias derivadas de la

Constitución. Corresponde a las Cortes Generales o al Gobierno, según los casos, la

garantía del cumplimiento de estos tratados y de las resoluciones emanadas de los

organismos internacionales o supranacionales titulares de la cesión.

Artículo 94

1. La prestación del consentimiento del Estado para obligarse por medio de tratados o

convenios requerirá la previa autorización de las Cortes Generales, en los siguientes

casos:

a) Tratados de carácter político.

b) Tratados o convenios de carácter militar.

c) Tratados o convenios que afecten a la integridad territorial del Estado o a los derechos

y deberes fundamentales establecidos en el Título primero.

d) Tratados o convenios que impliquen obligaciones financieras para la Hacienda Publica.

e) Tratados o convenios que supongan modificación o derogación de alguna ley o exijan

medidas legislativas para su ejecución.

2. El Congreso y el Senado serán inmediatamente informados de la conclusión de los

restantes tratados o convenios.

Artículo 95

1. La celebración de un tratado internacional que contenga estipulaciones contrarias a la

Constitución exigirá la previa revisión constitucional.

2. El Gobierno o cualquiera de las Cámaras puede requerir al Tribunal Constitucional

para que declare si existe o no esa contradicción.

Artículo 96

1. Los tratados internacionales validamente celebrados, una vez publicados oficialmente

en España, formaran parte del ordenamiento interno. Sus disposiciones solo podrán ser

derogadas, modificadas o suspendidas en la forma prevista en los propios tratados o de

acuerdo con las normas generales del Derecho Internacional.

2. Para la denuncia de los tratados y convenios internacionales se utilizará el mismo

procedimiento previsto para su aprobación en el Artículo 94.

TÍTULO IV

Del Gobierno y de la administración

Artículo 97

El Gobierno dirige la política interior y exterior, la Administración civil y militar y la

defensa del Estado. Ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria de acuerdo con

la Constitución y las leyes.

Artículo 98

1. El Gobierno se compone del Presidente, de los Vicepresidentes en su caso, de los

Ministros y de los demás miembros que establezca la ley.

2. El Presidente dirige la acción del Gobierno y coordina las funciones de los demás

miembros del mismo, sin perjuicio de la competencia y responsabilidad directa de éstos

en su gestión.

3. Los miembros del Gobierno no podrán ejercer otras funciones representativas que las

propias del mandato parlamentario, ni cualquier otra función publica que no derive de su

cargo, ni actividad profesional o mercantil alguna.

4. La ley regulará el Estatuto e incompatibilidades de los miembros del Gobierno.

Artículo 99

1. Después de cada renovación del Congreso de los Diputados, y en los demás supuestos

constitucionales en que así proceda, el Rey, previa consulta con los representantes

designados por los Grupos políticos con representación parlamentaria, y a través del

Presidente del Congreso, propondrá un candidato a la Presidencia del Gobierno.

2. El candidato propuesto conforme a lo previsto en el apartado anterior expondrá ante el

Congreso de los Diputados el programa político del Gobierno que pretenda formar y

solicitara la confianza de la Cámara.

3. Si el Congreso de los Diputados, por el voto de la mayoría absoluta de sus miembros,

otorgare su confianza a dicho candidato, el Rey le nombrará Presidente. De no alcanzarse

dicha mayoría, se someterá la misma propuesta a nueva votación cuarenta y ocho horas

después de la anterior, y la confianza se entenderá otorgada si obtuviese la mayoría

simple.

4. Si efectuadas las citadas votaciones no se otorgase la confianza para la investidura, se

tramitarán sucesivas propuestas en la forma prevista en los apartados anteriores.

5. Si transcurrido el plazo de dos meses, a partir de la primera votación de investidura,

ningún candidato hubiere obtenido la confianza del Congreso, el Rey disolverá ambas

Cámaras y convocará nuevas elecciones con el refrendo del Presidente del Congreso.

Artículo 100

Los demás miembros del Gobierno serán nombrados y separados por el Rey, a propuesta

de su Presidente.

Artículo 101

1. El Gobierno cesa tras la celebración de elecciones generales, en los casos de perdida de

la confianza parlamentaria previstos en la Constitución, o por dimisión o fallecimiento de

su Presidente.

2. El Gobierno cesante continuará en funciones hasta la toma de posesión del nuevo

Gobierno.

Artículo 102

1. La responsabilidad criminal del Presidente y los demás miembros del Gobierno será

exigible, en su caso, ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.

2. Si la acusación fuere por traició n o por cualquier delito contra la seguridad del Estado

en el ejercicio de sus funciones, solo podrá ser planteada por iniciativa de la cuarta parte

de los miembros del Congreso, y con la aprobación de la mayoría absoluta del mismo.

3. La prerrogativa real de gracia no será aplicable a ninguno de los supuestos del presente

Artículo.

Artículo 103

1. La Administración Publica sirve con objetividad los intereses generales y actúa de

acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y

coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho.

2. Los órganos de la Administración del Estado son creados, regidos y coordinados de

acuerdo con la ley.

3. La ley regulará el estatuto de los funcionarios públicos, el acceso a la función publica

de acuerdo con los principios de mérito y capacidad, las peculiaridades del ejercicio de su

derecho a sindicación, el sistema de incompatibilidades y las garantías para la

imparcialidad en el ejercicio de sus funciones.

Artículo 104

1. Las Fuerzas y Cuerpos de seguridad, bajo la dependencia del Gobierno, tendrán como

misión proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad

ciudadana.

2. Una ley orgánica determinará las funciones, principios básicos de actuación y estatutos

de las Fuerzas y Cuerpos de seguridad.

Artículo 105

La ley regulará:

a) La audiencia de los ciudadanos, directamente o a través de las organizaciones y

asociaciones reconocidas por la ley en el procedimiento de elaboración de las

disposiciones administrativas que les afecten.

b) El acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos, salvo en lo que

afecte a la seguridad y defensa del Estado, la averiguación de los delitos y la intimidad de

las personas.

c) El procedimiento a través del cual deben producirse los actos administrativos,

garantizando, cuando proceda, la audiencia del interesado.

Artículo 106

1. Los Tribunales controlan la potestad reglamentaria y la legalidad de la actuación

administrativa, así como el sometimiento de ésta a los fines que la justifican.

2. Los particulares, en los términos establecidos por la ley, tendrán derecho a ser

indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en

los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de

los servicios públicos.

Artículo 107

El Consejo de Estado es el supremo órgano consultivo del Gobierno. Una ley orgánica

regulará su composición y competencia.

TÍTULO V

De las relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales

Artículo 108

El Gobierno responde solidariamente en su gestión política ante el Congreso de los

Diputados.

Artículo 109

Las Cámaras y sus Comisiones podrán recabar, a través de los Presidentes de aquella s, la

información y ayuda que precisen del Gobierno y de sus Departamentos y de cualesquiera

autoridades del Estado y de las Comunidades Autónomas.

Artículo 110

1. Las Cámaras y sus Comisiones pueden reclamar la presencia de los miembros del

Gobierno.

2. Los miembros del Gobierno tienen acceso a las sesiones de las Cámaras y a sus

Comisiones y la facultad de hacerse oír en ellas, y podrán solicitar que informen ante las

mismas funcionarios de sus Departamentos.

Artículo 111

1. El Gobierno y cada uno de sus miembros están sometidos a las interpelaciones y

preguntas que se le formulen en las Cámaras, Para esta clase de debate los Reglamentos

establecerán un tiempo mínimo semanal.

2. Toda interpelación podrá dar lugar a una moción en la que la Cámara manifieste su

posición.

Artículo 112

El Presidente del Gobierno, previa deliberación del Consejo de Ministros, puede plantear

ante el Congreso de los Diputados la cuestión de confianza sobre su programa o sobre una

declaración de política general. La confianza se entenderá otorgada cuando vote a favor

de la misma la mayoría simple de los Diputados.

Artículo 113

1. El Congreso de los Diputados puede exigir la responsabilidad política del Gobierno

mediante la adopción por mayoría absoluta de la moción de censura.

2. La moción de censura deberá ser propuesta al menos por la décima parte de los

Diputados, y habrá de incluir un candidato a la Presidencia del Gobierno.

3. La moción de censura no podrá ser votada hasta que transcurran cinco días desde su

presentación. En los dos primeros días de dicho plazo podrán presentarse mociones

alternativas.

4. Si la moción de censura no fuere aprobada por el Congreso, sus signatarios no podrán

presentar otra durante el mismo periodo de sesiones.

Artículo 114

1. Si el Congreso niega su confianza al Gobierno, éste presentará su dimisión al Rey,

procediéndose a continuación a la designación de Presidente del Gobierno, según lo

dispuesto en el Artículo 99.

2. Si el Congreso adopta una moción de censura, el Gobie rno presentará su dimisión al

Rey y el candidato incluido en aquella se entenderá investido de la confianza de la

Cámara a los efectos previstos en el Artículo 99. El Rey le nombrará presidente del

Gobierno.

Artículo 115

1. El Presidente del Gobierno, previa deliberación del Consejo de Ministros, y bajo su

exclusiva responsabilidad, podrá proponer la disolución del Congreso, del Senado o de las

Cortes Generales, que será decretada por el Rey. El decreto de disolución fijará la fecha

de las elecciones.

2. La propuesta de disolución no podrá presentarse cuando esté en tramite una moción de

censura.

3. No procederá nueva disolución antes de que transcurra un año desde la anterior, salvo

lo dispuesto en el Artículo 99, apartado 5.

Artículo 116

1. Una ley orgánica regulará los estados de alarma, de excepción y de sitio y las

competencias y limitaciones correspondientes.

2. El estado de alarma será declarado por el Gobierno mediante decreto acordado en

Consejo de Ministros por un plazo máximo de quince días, dando cuenta al Congreso de

los Diputados, reunido inmediatamente el efecto y sin cuya autorización no podrá ser

prorrogado dicho plazo. El decreto determinará el ámbito territorial a que se extienden los

efectos de la declaración.

3. El estado de excepción será declarado por el Gobierno mediante decreto acordado en

Consejo de Ministros, previa autorización del Congreso de los Diputados. La autorización

y proclamación del Estado de excepción deberá determinar expresamente los efectos del

mismo, el ámbito territorial a que se extiende y su duración, que no podrá exceder de

treinta días, prorrogables por otro plazo igual, con los mismos requisitos.

4. El estado de sitio será declarado por la mayoría absoluta del Congreso de los

Diputados, a propuesta exclusiva del Gobierno. El Congreso determinara su ámbito

territorial, duración y condiciones.

5. No podrá procederse a la disolución del Congreso mientras estén declarados algunos de

los estados comprendidos en el presente Artículo, quedando automáticamente convocadas

las Cámaras si no estuvieren en periodo de sesiones. Su funcionamiento, así como el de

los demás poderes constitucionales del Estado, no podrán interrumpirse durante la

vigencia de estos estados. Disuelto el Congreso o expirado su mandato, si se produjere

alguna de las situaciones que dan lugar a cualquiera de dichos estados, las competencias

del Congreso serán asumidas por su Diputación Permanente.

6. La declaración de los estados de alarma, de excepción y de sitio no modificará el

principio de responsabilidad del Gobierno y de sus agentes reconocidos en la

Constitución y en las leyes.

TÍTULO VI

Del Poder Judicial

Artículo 117

1. La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y

Magistrados integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables y

sometidos únicamente al imperio de la ley.

2. Los Jueces y Magistrados no podrán ser separados, suspendidos, trasladados ni

jubilados sino por alguna de las causas y con las garantías previstas en la ley.

3. El ejercicio de la potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos, juzgando y haciendo

ejecutar lo juzgado, corresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales

determinados por las leyes, según las normas de competencia y procedimiento que las

mismas establezcan.

4. Los Juzgados y Tribunales no ejercerán mas funciones que las señaladas en el apartado

anterior y las que expresamente les sean atribuidas por ley en garantía de cualquier

derecho.

5. El principio de unidad jurisdiccional es la base de la organización y funcionamiento de

los Tribunales. La ley regulará el ejercicio de la jurisdicción militar en el ámbito

estrictamente castrense y en los supuestos de estado de sitio, de acuerdo con los principios

de la Constitución.

6. Se prohiben los Tribunales de excepción.

Artículo 118

Es obligado cumplir las sentencias y demás resoluciones firmes de los Jueces y

Tribunales, así como prestar la colaboració n requerida por estos en el curso del proceso y

en la ejecución de lo resuelto.

Artículo 119

La justicia será gratuita cuando así lo disponga la ley, y, en todo caso, respecto de quienes

acrediten insuficiencia de recursos para litigar.

Artículo 120

1. Las actuaciones judiciales serán publicas, con las excepciones que prevean las leyes de

procedimiento.

2. El procedimiento será predominantemente oral, sobre todo en materia criminal.

3. Las sentencias serán siempre motivadas y se pronunciaran en audiencia publica.

Artículo 121

Los daños causados por error judicial, así como los que sean consecuencia del

funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, darán derecho a una

indemnización a cargo del Estado, conforme a la ley.

Artículo 122

1. La ley orgánica del poder judicial determinará la constitución, funcionamiento y

gobierno de los Juzgados y Tribunales, así como el estatuto jurídico de los Jueces y

Magistrados de carrera, que formarán un Cuerpo único, y del personal al servicio de la

Administración de Justicia.

2. El Consejo General del poder judicial es el órgano de gobierno del mismo. La ley

orgánica establecerá su estatuto y el régimen de incompatibilidades de sus miembros y

sus funciones, en particular en materia de nombramientos, ascensos, inspección y régimen

disciplinario.

3. El Consejo General del Poder Judicial estará integrado por el Presidente del Tribunal

Supremo, que lo presidirá, y por veinte miembros nombrados por el Rey por un periodo

de cinco años. De éstos, doce entre Jueces y Magistrados de todas las categorías

judiciales, en los términos que establezca la ley orgánica; cuatro a propuesta del Congreso

de los Diputados y cuatro a propuesta del Senado, elegidos en ambos casos por mayoría

de tres quintos de sus miembros, entre abogados y otros juristas, todos ellos de reconocida

competencia y con mas de quince años de ejercicio en su profesión.

Artículo 123

1. El Tribunal Supremo, con jurisdicción en toda España, es el órgano jurisdiccional

superior en todos los órdenes, salvo lo dispuesto en materia de garantías constitucionales.

2. El Presidente del Tribunal Supremo será nombrado por el Rey, a propuesta del Consejo

General del Poder Judicial, en la forma que determine la ley.

Artículo 124

1. El Ministerio Fiscal, sin perjuicio de las funciones encomendadas a otros órganos, tiene

por misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de

los ciudadanos y del interés publico tutelado por la ley, de oficio o a petición de los

interesados, así como velar por la independencia de los Tribunales y procurar ante éstos la

satisfacción del interés social.

2. El Ministerio Fiscal ejerce sus funciones por medio de órganos propios conforme a los

principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica y con sujeción, en todo caso,

a los de legalidad e imparcialidad.

3. La ley regulará el estatuto orgánico del Ministerio Fiscal.

4. El Fiscal General del Estado será nombrado por el Rey, a propuesta del Gobierno, oído

el Consejo General del Poder Judicial.

Artículo 125

Los ciudadanos podrán ejercer la acción popular y participar en la Administración de

Justicia mediante la institución del Jurado, en la forma y con respecto a aquellos procesos

penales que la ley determine, así como en los Tribunales consuetudinarios y tradicionales.

Artículo 126

La policía judicial depende de los Jueces, de los Tribunales y del Ministerio Fiscal en sus

funciones de averiguación del delito y descubrimiento y aseguramiento del delincuente,

en los términos que la ley establezca.

Artículo 127

1. Los Jueces y Magistrados, así como los Fiscales, mientras se hallen en activo, no

podrán desempeñar otros cargos públicos, ni pertenecer a partidos políticos o sindicatos.

La ley establecerá el sistema y modalidades de asociación profesional de los Jueces,

Magistrados y Fiscales.

2. La ley establecerá el régimen de incompatibilidades de los miembros del poder judicial,

que deberá asegurar la total independencia de los mismos.

TÍTULO VII

Economía y hacienda

Artículo 128

1. Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad esta

subordinada al interés general.

2. Se reconoce la iniciativa publica en la actividad económica. Mediante ley se podrá

reservar al sector publico recursos o servicios esenciales, especialmente en caso de

monopolio y asimismo acordar la intervención de empresas cuando así lo exigiere el

interés general.

Artículo 129

1. La ley establecerá las formas de participación de los interesados en la Seguridad Social

y en la actividad de los organismos públicos cuya función afecte directamente a la calidad

de la vida o al bienestar general.

2. Los poderes públicos promoverán eficazmente las diversas formas de participación en

la empresa y fomentarán, mediante una legislación adecuada, las sociedades cooperativas.

También establecerán los medios que faciliten el acceso de los trabajadores a la propiedad

de los medios de producción.

Artículo 130

1. Los poderes públicos atenderán a la modernización y desarrollo de todos los sectores

económicos y, en particular, de la agricultura, de la ganadería, de la pesca y de la

artesanía, a fin de equiparar el nivel de vida de todos los Españoles.

2. Con el mismo fin, se dispensara un tratamiento especial a las zonas de montaña.

Artículo 131

1. El Estado, mediante ley, podrá planificar la actividad económica general para atender a

las necesidades colectivas, equilibrar y armonizar el desarrollo regional y sectorial y

estimular el crecimie nto de la renta y de la riqueza y su mas justa distribución.

2. El Gobierno elaborara los proyectos de planificación, de acuerdo con las previsiones

que le sean suministradas por las Comunidades Autónomas y el asesoramiento y

colaboración de los sindicatos y otras organizaciones profesionales, empresariales y

económicas. A tal fin se constituirá un Consejo, cuya composición y funciones se

desarrollaran por ley.

Artículo 132

1. La ley regulará el régimen jurídico de los bienes de dominio publico y de los

comunales, inspirándose en los principios de inalienabilidad, imprescriptibilidad e

inembargabilidad, así como su desafectación.

2. Son bienes de dominio publico estatal los que determine la ley y, en todo caso, la zona

marítimo-terrestre, las playas, el mar territorial y los recursos naturales de la zona

económica y la plataforma continental.

3. Por ley se regularán el patrimonio del Estado y el Patrimonio Nacional, su

administración, defensa y conservación.

Artículo 133

1. La potestad originaria para establecer los tributos corresponde exclusivamente al

Estado, mediante ley.

2. Las Comunidades Autónomas y las Corporaciones locales podrán establecer y exigir

tributos, de acuerdo con la Constitución y las leyes.

3. Todo beneficio fiscal que afecte a los tributos del Estado deberá establecerse en virtud

de ley.

4. Las administraciones publicas solo podrán contraer obligaciones financieras y realizar

gastos de acuerdo con las leyes.

Artículo 134

1. Corresponde al Gobierno la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado y a

las Cortes Generales su examen, enmienda y aprobación.

2. Los Presupuestos Generales del Estado tendrán carácter anual, incluirán la totalidad de

los gastos e ingresos del sector publico estatal y en ellos se consignará el importe de los

beneficios fiscales que afecten a los tributos del Estado.

3. El Gobierno deberá presentar ante el Congreso de los Diputados los Presupuestos

Generales del Estado al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior.

4. Si la ley de Presupuestos no se aprobara antes del primer día del ejercicio económico

correspondiente, se considerarán automáticamente prorrogados los Presupuestos del

ejercicio anterior hasta la aprobación de los nuevos.

5. Aprobados los Presupuestos Generales del Estado, sólo el Gobierno podrá presentar

proyectos de ley que impliquen aumento del gasto publico o disminución de los ingresos

correspondientes al mismo ejercicio presupuestario.

6. Toda proposición o enmienda que suponga aumento de los créditos o disminución de

los ingresos presupuestarios requerirá la conformidad del Gobierno para su tramitación.

7. La ley de Presupuestos no puede crear tributos. Podrá modificarlos cuando una ley

tributaria sustantiva así lo prevea.

Artículo 135

1. El Gobierno habrá de estar autorizado por ley para emitir Deuda Publica o contraer

crédito.

2. Los créditos para satisfacer el pago de intereses y capital de la Deuda Publica del

Estado se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de los presupuestos y no

podrán ser objeto de enmienda o modificación, mientras se ajusten a las condiciones de la

ley de emisión.

Artículo 136

1. El Tribunal de Cuentas es el supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión

económica del Estado, así como del sector publico. Dependerá directamente de las Cortes

Generales y ejercerá sus funciones por delegación de ellas en el examen y comprobación

de la Cuenta General del Estado.

2. Las cuentas del Estado y del sector publico estatal se rendirán al Tribunal de Cuentas y

serán censuradas por éste. El Tribunal de Cuentas, sin perjuicio de su propia jurisdicción,

remitirá a las Cortes Generales un informe anual en el que, cuando proceda, comunicará

las infracciones o responsabilidades en que, a su juicio, se hubiere incurrido.

3. Los miembros del Tribunal de Cuentas gozarán de la misma independencia e

inamovilidad y estarán sometidos a las mismas incompatibilidades que los Jueces.

4. Una ley orgánica regulará la composición, organización y funciones del Tribunal de

Cuentas.

TÍTULO VIII

De la organización territorial del Estado

CAPÍTULO PRIMERO

Principios generales

Artículo 137

El Estado se organiza territorialmente en municipios, en provincias y en las Comunidades

Autónomas que se constituyan. Todas estas entidades gozan de autonomía para la gestión

de sus respectivos intereses.

Artículo 138

1. El Estado garantiza la realización efectiva del principio de solidaridad consagrado en el

Artículo 2. de la Constitución, velando por el establecimiento de un equilibrio

económico, adecuado y justo entre las diversas partes del territorio Español, y atendiendo

en particular a las circunstancias del hecho insular.

2. Las diferencias entre los Estatutos de las distintas Comunidades Autónomas no podrán

implicar, en ningún caso, privilegios económicos o sociales.

Artículo 139

1. Todos los Españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del

territorio del Estado.

2. Ninguna autoridad podrá adoptar medidas que directa o indirectamente obstaculicen la

libertad de circulación y establecimiento de las personas y la libre circulación de bienes

en todo el territorio Español.

CAPÍTULO SEGUNDO

De la Administración local

Artículo 140

La Constitución garantiza la autonomía de los municipios. Estos gozarán de personalidad

jurídica plena. Su gobierno y administración corresponde a sus respectivos

Ayuntamientos, integrados por los Alcaldes y los Concejales. Los Concejales serán

elegidos por los vecinos del municipio mediante sufragio universal igual, libre, directo y

secreto, en la forma establecida por la ley. Los Alcaldes serán elegidos por los Concejales

o por los vecinos. La ley regulara las condiciones en las que proceda el régimen del

concejo abierto.

Artículo 141

1. La provincia es una entidad local con personalidad jurídica propia, determinada por la

agrupación de municipios y división territorial para el cumplimiento de las actividades del

Estado. Cualquier alteració n de los limites provinciales habrá de ser aprobada por las

Cortes Generales mediante ley orgánica.

2. El gobierno y la administración autónoma de las provincias estarán encomendados a

Diputaciones u otras Corporaciones de carácter representativo.

3. Se podrán crear agrupaciones de municipios diferentes de la provincia.

4. En los archipiélagos, las islas tendrán además su administración propia en forma de

Cabildos o Consejos.

Artículo 142

Las Haciendas locales deberán disponer de los medios suficientes para el desempeño de

las funciones que la ley atribuye a las Corporaciones respectivas y se nutrirán

fundamentalmente de tributos propios y de participación en los del Estado y de las

Comunidades Autónomas.

CAPÍTULO TERCERO

De las Comunidades Autónomas

Artículo 143

1. En el ejercicio del derecho a la autonomía reconocido en el Artículo 2 de la

Constitución, las provincias limítrofes con características históricas, culturales y

económicas comunes, los territorios insulares y las provincias con entidad regional

histórica podrán acceder a su autogobierno y constituirse en Comunidades Autónomas

con arreglo a lo previsto en este Título y en los respectivos Estatutos.

2. La iniciativa del proceso autonómico corresponde a todas las Diputaciones interesadas

o al órgano interinsular correspondiente y a las dos terceras partes de los municipios cuya

población represente, al menos, la mayoría del censo electoral de cada provincia o isla.

Estos requisitos deberán ser cumplidos en el plazo de seis meses desde el primer acuerdo

adoptado al respecto por alguna de las Corporaciones locales interesadas.

3. La iniciativa, en caso de no prosperar, solamente podrá reiterarse pasados cinco años.

Artículo 144

Las Cortes Generales, mediante ley orgánica, podrán, por motivos de interés nacional:

a) Autorizar la constitución de una Comunidad Autónoma cuando su ámbito territorial no

supere el de una provincia y no reúna las condiciones del apartado 1 del Artículo 143.

b) Autorizar o acordar, en su caso, un Estatuto de autonomía para territorios que no estén

integrados en la organización provincial.

c) Sustituir la iniciativa de las Corporaciones locales a que se refiere el apartado 2 del

Artículo 143.

Artículo 145

1. En ningún caso se admitirá la federación de Comunidades Autónomas.

2. Los Estatutos podrán prever los supuestos, requisitos y términos en que las

Comunidades Autónomas podrán celebrar convenios entre si para la gestión y prestación

de servicios propios de las mismas, así como el carácter y efectos de la correspondiente

comunicación a las Cortes Generales. En los demás supuestos, los acuerdos de

cooperación entre las Comunidades Autónomas necesitarán la autorización de las Cortes

Generales.

Artículo 146

El proyecto de Estatuto será elaborado por una asamblea compuesta por los miembros de

la Diputación u órgano interinsular de las provincias afectadas y por los Diputados y

Senadores elegidos en ellas y será elevado a las Cortes Generales para su tramitación

como ley.

Artículo 147

1. Dentro de los términos de la presente Constitución, los Estatutos serán la norma

institucional básica de cada Comunidad Autónoma y el Estado los reconocerá y amparará

como parte integrante de su ordenamiento jurídico.

2. Los Estatutos de autonomía deberán contener:

a) La denominación de la Comunidad que mejor corresponda a su identidad histórica.

b) La delimitación de su territorio.

c) La denominación, organización y sede de las instituciones autónomas propias.

d) Las competencias asumidas dentro del marco establecido en la Constitución y las bases

para el traspaso de los servicios correspondientes a las mismas.

3. La reforma de los Estatutos se ajustará al procedimiento establecido en los mismos y

requerirá, en todo caso, la aprobación por las Cortes Generales, mediante ley

orgánica.

Artículo 148

1. Las comunidades Autónomas podrán asumir competencias en las siguientes materias:

1º. Organización de sus instituciones de autogobierno.

2º. Las alteraciones de los términos municipales comprendidos en su territorio y, en

general, las funciones que correspondan a la Administración del Estado sobre las

Corporaciones locales y cuya transferencia autorice la legislación sobre Régimen Local

3º. Ordenación del territorio, urbanismo y vivienda.

4º. Las obras publicas de interés de la Comunidad Autónoma en su propio territorio.

5º. Los ferrocarriles y carreteras cuyo itinerario se desarrolle íntegramente en el territorio

de la Comunidad Autónoma y, en los mismos términos, el transporte desarrollado por

estos medios o por cable.

6º. Los puertos de refugio, los puertos y aeropuertos deportivos y, en general, los que no

desarrollen actividades comerciales.

7º. La agricultura y ganadería, de acuerdo con la ordenación general de la economía.

8º. Los montes y aprovechamiento forestales.

9º. La gestión en materia de protección del medio ambiente.

10º. Los proyectos, construcción y explotación de los aprovechamientos hidráulicos,

canales y regadíos de interés de la Comunidad Autónoma; las aguas minerales y termales.

11º. La pesca en aguas interiores, el marisqueo y la acuicultura, la caza y la pesca fluvial.

12º. Ferias interiores.

13º. El fomento del desarrollo económico de la Comunidad Autónoma dentro de los

objetivos marcados por la política económica nacional.

14º. La artesanía.

15º. Museos, bibliotecas y conservatorios de música de interés para la Comunidad

Autónoma.

16º. Patrimonio monumental de interés de la Comunidad Autónoma.

17º. El fomento de la cultura de la investigación y, en su caso, de la enseñanza de la

lengua de la Comunidad Autónoma.

18º. Promoción y ordenación del turismo en su ámbito territorial.

19º. Promoción del deporte y de la adecuada utilización del ocio.

20º. Asistencia social.

21º. Sanidad e higiene.

22º. La vigilancia y protección de sus edificios e instalaciones. La coordinación y demás

facultades en relación con las policías locales en los términos que establezca una ley

orgánica.

2. Transcurridos cinco años, y mediante la reforma de sus Estatutos, la s Comunidades

Autónomas podrán ampliar sucesivamente sus competencias dentro del marco establecido

en el Artículo 149.

Artículo 149

1. El Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias.

1º. La regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los

Españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes

constitucionales.

2º. Nacionalidad, inmigración, emigración, extranjería y derecho de asilo.

3º. Relaciones internacionales.

4º. Defensa y Fuerzas Armadas.

5º. Administración de Justicia.

6º. Legislación mercantil, penal y penitenciaria; legislación procesal, sin perjuicio de las

necesarias especialidades que en este orden se deriven de las particularidades del derecho

sustantivo de las Comunidades Autónomas.

7º. Legislación laboral; sin perjuicio de su ejecución por los órganos de las Comunidades

Autónomas.

8º. Legislación civil, sin perjuicio de la conservación, modificación y desarrollo por las

Comunidades Autónomas de los derechos civiles, forales o especiales, allí donde existan.

En todo caso, las reglas relativas a la aplicación y eficacia de las normas jurídicas,

relaciones jurídico-civiles relativas a las formas de matrimonio, ordenación de los

registros e instrumentos públicos, bases de las obligaciones contractuales, normas para

resolver los conflictos de leyes y determinación de las fuentes del Derecho, con respecto,

en este ultimo caso, a las normas de derecho foral o especial.

9º. Legislación sobre propiedad intelectual e industrial.

10º. Régimen aduanero y arancelario; comercio exterior.

11º. Sistema monetario: divisas, cambio y convertibilidad; bases de la ordenación del

crédito, banca y seguros.

12º. Legislación sobre pesas y medidas, determinación de la hora oficial.

13º. Bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica.

14º. Hacienda general y Deuda del Estado.

15º. Fomento y coordinación general de la investigación científica y técnica.

16º. Sanidad exterior. Bases y coordinación general de la sanidad. Legislación sobre

productos farmacéuticos.

17º. Legislación Básica y régimen económico de la Seguridad Social, sin perjuicio de la

ejecución de sus servicios por las Comunidades Autónomas.

18º. Las bases del régimen jurídico de las Administraciones publicas y del régimen

estatutario de sus funcionarios que, en todo caso, garantizarán a los administrados un

tratamiento común ante ellas; el procedimiento administrativo común, sin perjuicio de las

especialidades derivadas de la organización propia de las Comunidades Autónomas;

legislación sobre expropiación forzosa; legislación básica sobre contratos y concesiones

administrativas y el sistema de responsabilidad de todas las Administraciones publicas.

19º. Pesca marítima, sin perjuicio de las competencias que en la ordenación del sector se

atribuyan a las Comunidades Autónomas.

20º. Marina mercante y abanderamiento de buques; iluminación de costas y señales

marítimas; puertos de interés general; aeropuertos de interés general; control del espacio

aéreo, transito y transporte aéreo, servicio meteorológico y matriculación de aeronaves.

21º. Ferrocarriles y transportes terrestres que transcurran por el territorio de más de una

Comunidad Autónoma; régimen general de comunicaciones; tráfico y circulación de

vehículos a motor; correos y telecomunicaciones; cables aéreos, submarinos y

radiocomunicación.

22º. La legislación, ordenación y concesión de recursos y aprovechamientos hidráulicos

cuando las aguas discurran por más de una Comunidad Autónoma, y la autorización de

las instalaciones eléctricas cuando su aprovechamiento afecte a otra Comunidad o el

transporte de energía salga de su ámbito territorial.

23º. Legislación básica sobre protección del medio ambiente, sin perjuicio de las

facultades de las Comunidades Autónomas de establecer normas adicionales de

protección. La legislación básica sobre montes, aprovechamientos forestales y vías

pecuarias.

24º. Obras publicas de interés general o cuya realización afecte a mas de una Comunidad

Autónoma.

25º. Bases del régimen minero y energético.

26º. Régimen de producción, comercio, tenencia y uso de armas y explosivos.

27º. Normas básicas del régimen de prensa, radio y televisión y, en general, de todos los

medios de comunicación social, sin perjuicio de las facultades que en su desarrollo y

ejecución correspondan a las Comunidades Autónomas.

28º. Defensa del patrimonio cultural, artístico y monumental Español contra la

exportación y la expoliación; museos, bibliotecas y archivos de titularidad estatal, sin

perjuicio de su gestión por parte de las Comunidades Autónomas.

29º. Seguridad pública, sin perjuicio de la posibilidad de creación de policías por las

Comunidades Autónomas en la forma que se establezca en los respectivos Estatutos en el

marco de lo que disponga una ley orgánica.

30º. Regulación de las condiciones de obtención, expedición y homologación de títulos

académicos y profesionales y normas básicas para el desarrollo del Artículo 27 de la

Constitución a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones de los poderes

públicos en esta materia.

31º. Estadística para fines estatales.

32º. Autorización para la convocatoria de consultas populares por vía de referéndum.

2. Sin perjuicio de las competencias que podrán asumir las Comunidades Autónomas, el

Estado considerará el servicio de la cultura como deber y atribución esencial y facilitará

la

comunicación cultural entre las Comunidades Autónomas, de acuerdo con ellas.

3. Las materias no atribuidas expresamente al Estado por esta Constitución podrán

corresponder a las Comunidades Autónomas, en virtud de sus respectivos Estatutos. La

competencia sobre las materias que no se hayan asumido por los Estatutos de Autonomía

corresponderá al Estado cuyas normas prevalecerán, en caso de conflicto, sobre las de las

Comunidades Autónomas en todo lo que no esté atribuido a la exclusiva competencia de

éstas. El derecho estatal será, en todo caso, supletorio del derecho de las Comunidades

Autónomas.

Artículo 150

1. Las Cortes Generales, en materias de competencia estatal, podrán atribuir a todas o a

alguna de las Comunidades Autónomas la facultad de dictar, para si mismas, normas

legislativas en el marco de los principios, bases y directrices fijados por una ley estatal.

Sin perjuicio de la competencia de los Tribunales, en cada ley marco se establecerá la

modalidad del control de las Cortes Generales sobre estas normas legislativas de las

Comunidades Autónomas.

2. El Estado podrá transferir o delegar en las Comunidades Autónomas, mediante ley

orgánica, facultades correspondientes a materia de titularidad estatal que por su propia

naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación. La ley preverá en cada caso la

correspondiente transferencia de medios financieros, así como las formas de control que

se reserve el Estado.

3. El Estado podrá dictar leyes que establezcan los principios necesarios para armonizar

las disposiciones normativas de las Comunidades Autónomas, aún en el caso de materias

atribuidas a la competencia de estas, cuando así lo exija el interés general. Corresponde a

las Cortes Generales, por mayoría absoluta de cada Cámara, la apreciación de esta

necesidad.

Artículo 151

1. No será preciso dejar transcurrir el plazo de cinco años a que se refiere el apartado 2

del Artículo 148 cuando la iniciativa del proceso autonómico sea acordada dentro del

plazo del Artículo 143, 2, además de por las Diputaciones o los órganos interinsulares

correspondientes, por las tres cuartas partes de los Municipios de cada una de las

provincias afectadas que representen, al menos, la mayoría del censo electoral de cada

una de ellas y dicha iniciativa sea ratificada mediante referéndum por el voto afirmativo

de la

mayoría absoluta de los electores de cada provincia , en los términos que establezca una

ley orgánica.

2. En el supuesto previsto en el apartado anterior, el procedimiento para la elaboración del

Estatuto será el siguiente:

1º. El Gobierno convocará a todos los Diputados y Senadores elegidos en las

circunscripciones comprendidas en el ámbito territorial que pretenda acceder al

autogobierno, para que se constituyan en Asamblea, a los solos efectos de elaborar el

correspondiente proyecto de Estatuto de autonomía, mediante el acuerdo de la mayoría

absoluta de sus miembros.

2º. Aprobado el proyecto de Estatuto por la Asamblea de Parlamentarios, se remitirá a la

Comisión Constitucional del Congreso, la cual, dentro del plazo de dos meses, lo

examinará con el concurso y asistencia de una delegación de la Asamblea proponente

para determinar de común acuerdo su formalicen definitiva.

3º. Si se alcanzare dicho acuerdo, el texto resultante será sometido a referéndum del

cuerpo electoral de las provincias comprendidas en el ámbito territorial del proyectado

Estatuto.

4º. Si el proyecto de Estatuto es aprobado en cada provincia por la mayoría de los votos

validamente emitidos, será elevado a las Cortes Generales. Los Plenos de ambas Cámaras

decidirán sobre el texto mediante un voto de ratificación. Aprobado el Estatuto, el Rey lo

sancionará y lo promulgará como ley.

5º. De no alcanzarse el acuerdo a que se refiere el apartado 2º. de este numero, el proyecto

de Estatuto será tramitado como proyecto de ley ante las Cortes Generales. El texto

aprobado por éstas será sometido a referéndum del cuerpo electoral de las provincias

comprendidas en el ámbito territorial del proyectado Estatuto. En caso de ser aprobado

por la mayoría de los votos validamente emitidos en cada provincia, procederá su

promulgación en los términos del párrafo anterior.

3. En los casos de los párrafos 4º. y 5º. del apartado anterior, la no aprobación del

proyecto de Estatuto por una o varias provincias no impedirá la constitución entre las

restantes de la Comunidad Autónoma proyectada, en la forma que establezca la ley

orgánica prevista en el apartado 1 de este Artículo.

Artículo 152

1. En los Estatutos aprobados por el procedimiento a que se refiere el Artículo anterior, la

organización institucional autonómica se basará en una Asamblea Legislativa elegida por

sufragio universal con arreglo a un sistema de representación proporcional que asegure,

además, la representación de las diversas zonas del territorio; un Consejo de Gobierno

con funciones ejecutivas y administrativas, y un Presidente, elegido por la Asamblea de

entre sus miembros, y nombrado por el Rey, al que corresponde la dirección del Consejo

de Gobierno, la suprema representación de la respectiva Comunidad y la ordinaria del

Estado en aquella. El Presidente y los miembros del Consejo de Gobierno serán

políticamente responsables ante la Asamblea. Un tribunal Superior de Justicia, sin

perjuicio de la jurisdicción que corresponde al Tribunal Supremo, culminará la

organización judicial en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma. En los Estatutos

de las Comunidades Autónomas podrán establecerse los supuestos y las formas de

participación de aquellas en la organización de las demarcaciones judiciales del territorio.

Todo ello de conformidad con lo previsto en la ley independencia de éste. Sin perjuicio de

lo dispuesto en el Artículo 123, las sucesivas instancias procesales, en su caso, se

agotarán ante órganos judiciales radicados en el mismo territorio de la Comunidad

Autónoma en que esté el órgano competente en primera instancia.

2. Una vez sancionados y promulgados los respectivos Estatutos, solamente podrán ser

modificados mediante los procedimientos en ellos establecidos y con referéndum entre los

electores inscritos en los censos correspondientes.

3. Mediante la agrupación de municipios limítrofes, los Estatutos podrán establecer

circunscripciones territoriales propias que gozarán de plena personalidad jurídica.

Artículo 153

El control de la actividad de los órganos de las Comunidades Autónomas se ejercerá:

a) Por el Tribunal Constitucional, el relativo a la constitucionalidad de sus disposiciones

normativas con fuerza de ley.

b) Por el Gobierno, previo dictamen del Consejo de Estado, el del ejercicio de funciones

delegadas a que se refiere el apartado 2 del Artículo 150.

c) Por la jurisdicción contencioso-administrativa, el de la administración autónoma y sus

normas reglamentarias.

d) Por el Tribunal de Cuentas, el económico y presupuestario.

Artículo 154

Un delegado nombrado por el Gobierno dirigirá la administración del Estado en el

territorio de la Comunidad Autónoma y la coordinará, cuando proceda, con la

administración propia de la Comunidad.

Artículo 155

1. Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras

leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de

España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y,

en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá

adoptar las medidas necesarias para obligar a aquella al cumplimiento forzoso de dichas

obligaciones o para la protección del mencionado interés general.

2. Para la ejecución de las medidas previstas en el apartado anterior, el Gobierno podrá

dar instrucciones a todas las autoridades de las Comunidades Autónomas.

Artículo 156

1. Las Comunidades Autónomas gozarán de autonomía financiera para el desarrollo y

ejecución de sus competencias con arreglo a los principios de coordinación con la

Hacienda estatal y de solidaridad entre todos los Españoles.

2. Las Comunidades Autónomas podrán actuar como delegados o colaboradores del

Estado para la recaudación, la gestión y la liquidación de los recursos tributarios de aquel,

de acuerdo con las leyes y los Estatutos.

Artículo 157

1. Los recursos de las Comunidades Autónomas estarán constituidos por:

a) Impuestos cedidos total o parcialmente por el Estado, recargos sobre impuestos

estatales y otras participaciones en los ingresos del Estado.

b) Sus propios impuestos, tasas y contribuciones especiales.

c) Transferencias de un fondo de compensación interterritorial y otras asignaciones con

cargo a los presupuestos Generales del Estado.

d) Rendimientos procedentes de su patrimonio e ingresos de derecho privado.

e) El producto de las operaciones de crédito.

2. Las Comunidades Autónomas no podrán en ningún caso adoptar medidas tributarias

sobre bienes situados fuera de su territorio o que supongan obstáculo para la libre

circulación de mercancías o servicios.

3. Mediante ley orgánica podrá regularse el ejercicio de las competencias financieras

enumeradas en el precedente apartado 1, las normas para resolver los conflictos que

pudieran surgir y las posibles formas de colaboración financiera entre las Comunidades

Autónomas y el Estado.

Artículo 158

1. En los Presupuestos Generales del Estado podrá establecerse una asignación a las

Comunidades Autónomas en función del volumen de los servicios y actividades estatales

que hayan asumido y de la garantía de un nivel mínimo en la prestación de los servicios

públicos fundamentales en todo el territorio Español.

2. Con el fin de corregir desequilibrios económicos interterritoriales y hacer efectivo el

principio de solidaridad, se constituirá un Fondo de Compensación con destino a gastos

de inversión, cuyos recursos serán distribuidos por las Cortes Generales entre las

Comunidades Autónomas y provincias, en su caso.

TÍTULO IX

Del tribunal constitucional

Artículo 159

1. El Tribunal Constitucional se compone de 12 miembros nombrados por el Rey; de

ellos, cuatro a propuesta del Congreso por mayoría de tres quintos de sus miembros;

cuatro a propuesta del Senado, con idéntica mayoría; dos a propuesta del Gobierno y dos

a propuesta del Consejo General del Poder Judicial.

2. Los miembros del Tribunal Constitucional deberán ser nombrados entre Magistrados y

Fiscales, Profesores de Universidad, funcionarios públicos y abogados, todos ellos juristas

de reconocida competencia con mas de quince años de ejercicio profesional.

3. Los miembros del Tribunal Constitucional serán designados por un periodo de nueve

años y se renovarán por terceras partes cada tres.

4. La condición de miembro del Tribunal Constitucional es incompatible: con todo

mandato representativo; con los cargos políticos o administrativos; con el desempeño de

funciones directivas en un partido político o en un sindicato y con el empleo al servicio de

los mismos; con el ejercicio de las carreras judicial y fiscal; y con cualquier actividad

profesional o mercantil. En lo demás, los miembros del Tribunal Constitucional tendrán

las incompatibilidades propias de los miembros del poder judicial.

5. Los miembros del Tribunal Constitucional serán independientes e inamovibles en el

ejercicio de su mandato.

Artículo 160

El Presidente del Tribunal Constitucional será nombrado entre sus miembros por el Rey, a

propuesta del mismo Tribunal en pleno y por un periodo de tres años.

Artículo 161

1. El Tribunal Constitucional tiene jurisdicción en todo el territorio Español y es

competente para conocer.

a) Del recurso de inconstitucionalidad contra leyes y disposiciones normativas con fuerza

de ley. La declaración de inconstitucionalidad de una norma jurídica con rango de ley,

interpretada por la jurisprudencia, afectará a ésta, si bien la sentencia o sentencias

recaídas no perderán el valor de cosa juzgada.

b) Del recurso de amparo por violación de los derechos y libertades referidos en el

Artículo 53,2, de esta Constitución, en los casos y formas que la ley establezca.

c) De los conflictos de competencia entre el Estado y las Comunidades Autónomas o de

los de estas entre sí.

d) De las demás materias que le atribuyan la Constitución o las leyes orgánicas.

2. El Gobierno podrá impugnar ante el Tribunal Constitucional las disposiciones y

resoluciones adoptadas por los órganos de las Comunidades Autónomas. La impugnación

producirá la suspensión de la disposición o resolución recurrida, pero el Tribunal, en su

caso, deberá ratific arla o levantarla en un plazo no superior a cinco meses.

Artículo 162

1. Están legitimados:

a) Para interponer el recurso de inconstitucionalidad, el Presidente del Gobierno, el

Defensor del Pueblo, cincuenta Diputados, cincuenta Senadores, los órganos colegiados

ejecutivos de las Comunidades Autónomas y, en su caso, las Asambleas de las mismas.

b) Para interponer el recurso de amparo, toda persona natural o jurídica que invoque un

interés legitimo, así como el Defensor del Pueblo y el Ministerio Fiscal.

2. En los demás casos, la ley orgánica determinará las personas y órganos legitimados.

Artículo 163

Cuando un órgano judicial considere, en algún proceso, que una norma con rango de ley,

aplicable al caso, de cuya validez dependa el fallo, pueda ser contraria a la Constitución,

planteará la cuestión ante el Tribunal Constitucional en los supuestos, en la forma y con

los efectos que establezca la ley, que en ningún caso serán suspensivos.

Artículo 164

1. Las sentencias del Tribunal Constitucional se publicarán en el Boletín Oficial del

Estado con los votos particulares, si los hubiere. Tienen el valor de cosa juzgada a partir

del día siguiente de su publicación y no cabe recurso alguno contra ellas. Las que

declaren la inconstitucionalidad de una ley o de una norma con fuerza de ley y todas las

que no se limiten a la estimación subjetiva de un derecho, tienen plenos efectos frente a

todos.

2. Salvo que en el fallo se disponga otra cosa, subsistirá la vigencia de la ley en la parte

no afectada por la inconstitucionalidad.

Artículo 165

Una ley orgánica regulará el funcionamiento del Tribunal Constitucional, el estatuto de

sus miembros, el procedimiento ante el mismo y las condiciones para el ejercicio de las

acciones.

TÍTULO X

De la reforma constitucional

Artículo 166

La iniciativa de reforma constitucional se ejercerá en los términos previstos en los

apartados 1 y 2 del Artículo 87.

Artículo 167

1. Los proyectos de reforma constitucional deberán ser aprobados por una mayoría de tres

quintos de cada una de las Cámaras. Si no hubiera acuerdo entre ambas, se intentará

obtenerlo mediante la creación de una Comisión de composición paritaria de Diputados y

Senadores, que presentará un texto que será votado por el Congreso y el Senado.

2. De no lograrse la aprobación mediante el procedimiento del apartado anterior, y

siempre que el texto hubiere obtenido el voto favorable de la mayoría absoluta del

Senado, el Congreso por mayoría de dos tercios podrá aprobar la reforma.

3. Aprobada la reforma por las Cortes Generales, será sometida a referéndum para su

ratificación cuando así lo soliciten, dentro de los quince días siguientes a su aprobación,

una décima parte de los miembros de cualquiera de las Cámaras.

Artículo 168

1. Cuando se propusiere la revisión total de la Constitución o una parcial que afecte al

Título Preliminar, al Capitulo II, Sección primera del Título primero, o al Título II, se

procederá a la aprobación del principio por mayoría de dos tercios de cada Cámara, y a la

disolución inmediata de las Cortes.

2. Las Cámaras elegidas deberán ratificar la decisión y proceder al estudio del nuevo texto

constitucional, que deberá ser aprobado por mayoría de dos tercios de ambas Cámaras.

3. Aprobada la reforma por las Cortes Generales, será sometida a referéndum para su

ratificación.

Artículo 169

No podrá iniciarse la reforma constitucional en tiempo de guerra o de vigencia de alguno

de los estados previstos en el Artículo 116.

Disponibles adicionales

Primera

La Constitución ampara y respeta los derechos históricos de los territorios forales.

La actualización general de dicho régimen foral se llevará a cabo, en su caso, en el marco

de la Constitución y de los Estatutos de Autonomía.

Segunda

La declaración de mayoría de edad contenida en el Artículo 12 de esta Constitución no

perjudica las situaciones amparadas por los derechos forales en el ámbito del Derecho

privado.

Tercera

La modificación del régimen económico y fiscal del archipiélago canario requerirá

informe previo de la Comunidad Autónoma o, en su caso, del órgano provisional

autonómico.

Cuarta

En las Comunidades Autónomas donde tengan su sede mas de una Audiencia Territorial,

los Estatutos de Autonomía respectivos podrán mantener las existentes, distribuyendo las

competencias entre ellas, siempre de conformidad con lo previsto en la ley orgánica del

poder judicial y dentro de la unidad e independencia de este.

Disposiciones transitorias

Primera

En los territorios dotados de un régimen provisional de autonomía, sus órganos

colegiados superiores, mediante acuerdo adoptado por la mayoría absoluta de sus

miembros, podrán sustituir la iniciativa que el apartado 2 del Artículo 143 atribuye a las

Diputaciones Provinciales o a los órganos interinsulares correspondientes.

Segunda

Los territorios que en el pasado hubiesen plesbicitado afirmativamente proyectos de

Estatuto de autonomía y cuenten, al tiempo de promulgarse esta Constitución, con

regímenes provisionales de autonomía, podrán proceder inmediatamente en la forma que

se prevé en el apartado 2 del Artículo 148, cuando así lo acordaren, por mayoría absoluta,

sus órganos preautonómicos colegiados superiores, comunicándolo al Gobierno. El

proyecto de Estatuto será elaborado de acuerdo con lo establecido en el Artículo 151,

número 2, a convocatoria del órgano colegiado preautonómico.

Tercera

La iniciativa del proceso autonómico por parte de las Corporaciones locales o de sus

miembros, prevista en el apartado 2 del Artículo 143, se entiende diferida, con todos sus

efectos, hasta la celebración de las primeras elecciones locales una vez vigente la

Constitución.

Cuarta

1. En el caso de Navarra, y a efectos de su incorporación al Consejo General Vasco o al

régimen autonómico vasco que le sustituya, en lugar de lo que establece el Artículo 143

de la Constitución, la iniciativa corresponde al Organo Foral competente, el cual adoptará

su decisión por mayoría de los miembros que lo componen. Para la validez de dicha

iniciativa será preciso, además, que la decisión del Organo Foral competente sea

ratificada por referéndum expresamente convocado al efecto, y aprobado por mayoría de

los votos válidos emitidos.

2. Si la iniciativa no prosperase, solamente se podrá reproducir la misma en distinto

periodo de mandato del Organo Foral competente, y en todo caso cuando haya

transcurrido el plazo mínimo que establece el Artículo 143.

Quinta

Las ciudades de Ceuta y Melilla podrán constituirse en Comunidades Autónomas si así lo

deciden sus respectivos Ayuntamientos, mediante acuerdo adoptado por la mayoría

absoluta de sus miembros y así lo autorizan las Cortes Generales, mediante una ley

orgánica, en los términos previstos en el Artículo 144.

Sexta

Cuando se remitieran a la Comisión de Constitución del Congreso varios proyectos de

estatuto, se dictaminarán por el orden de entrada en aquella, y el plazo de dos meses a que

se refiere el Artículo 151 empezará a contar desde que la Comisión termine el estudio del

proyecto o proyectos de que sucesivamente haya conocido.

Séptima

Los organismos provisionales autonómicos se considerarán disueltos en los siguientes

casos:

a) Una vez constituidos los órganos que establezcan los Estatutos de autonomía

aprobados conforme a esta Constitución.

b) En el supuesto de que la iniciativa del proceso autonómico no llegara a prosperar por

no cumplir los requisitos previstos en el Artículo 143.

c) Si el organismo no hubiera ejercido el derecho que le reconoce la disposición

transitoria primera en el plazo de tres años.

Octava

1. Las Cámaras que han aprobado la presente Constitución asumirán, tras la entrada en

vigor de la misma, las funciones y competencias que en ella se señalan, respectivamente,

para el Congreso y el Senado, sin que en ningún caso su mandato se extienda mas allá del

15 de junio de 1981.

2. A los efectos de lo establecido en el Artículo 99, la promulgación de la Constitución se

considerará como supuesto constitucional en el que procede su aplicación. A tal efecto, a

partir de la citada promulgación se abrirá un periodo de treinta días para la aplicación de

lo dispuesto en dicho Artículo. Durante este periodo, el actual Presidente del Gobierno,

que asumirá las funciones y competencias que para dicho cargo establece la Constitución,

podrá optar por utilizar la facultad que le reconoce el Artículo 115 o dar paso, mediante

la dimisión, a la aplicación de lo establecido en el Artículo 99, quedando en este último

caso en la situación prevista en el apartado 2 del Artículo 101.

3. En caso de disolución, de acuerdo con lo previsto en el Artículo 115 y si no se hubiera

desarrollado legalmente lo previsto en los artículos 68 y 69, serán de aplicación en las

elecciones las normas vigentes con anterioridad, con las solas excepciones de que en lo

referente a ineligibilidades e incompatibilidades se aplicará directamente lo previsto en el

inciso segundo de la letra b) del apartado 1 del Artículo 70 de la Constitución, así como

lo dispuesto en la misma respecto a la edad para el voto y lo establecido en el Artículo

69, 3.

Novena

A los tres años de la elección por vez primera de los miembros del Tribunal

Constitucional se procederá por sorteo para la designación de un grupo de cuatro

miembros de la misma procedencia electiva que haya de cesar y renovarse. A estos solos

efectos se entenderán agrupados como miembros de la misma procedencia a los dos

designados a propuesta del Gobierno y a los dos que proceden de la formulada por el

Consejo General del Poder Judicial. Del mismo modo se procederá transcurridos otros

tres años entre los dos grupos no afectados por el sorteo anterior. A partir de entonces se

estará a lo establecido en el numero 3 del Artículo 159.

Disposiciones derogatorias

1. Queda derogada la Ley 1/1977, de 4 de enero, para la Reforma Política, así como, en

tanto en cuanto no estuvieran ya derogadas por la anteriormente mencionada ley, la de

Principios Fundamentales del Movimiento de 17 de mayo de 1958, el Fuero de los

Españoles de 17 de julio de 1945, el del Trabajo de 9 de marzo de 1938, la Ley

Constitutiva de las Cortes de 17 de julio de 1942, la Ley de Sucesión en la Jefatura del

Estado de 26 de julio de 1947, todas ellas modificadas por la Ley Orgánica del Estado de

10 de enero de 1967 y en los mismos términos esta ultima y la de Referéndum Nacional

de 22 de octubre de 1945.

2. En tanto en cuanto pudiera conservar alguna vigencia, se considera definitivamente

derogado el Real Decreto de 25 de octubre de 1839 en lo que pudiera afectar a las

provincias de Alava, Guipúzcoa y Vizcaya. En los mismos términos se considera

definitivamente derogada la Ley de 21 de julio de 1876.

3. Asimismo quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan a lo establecido en esta

Constitución.

Disposición final

Esta Constitució n entrara en vigor el mismo día de la publicación de su texto oficial en el

Boletín Oficial del Estado. Se publicará también en las demás lenguas de España.