Constitución de 1931
CONSTITUCIÓN DE 1931
EL ÚLTIMO INTENTO REPUBLICANO
La celebració n de elecciones municipales en abril de 1931, y el triunfo de los
republicanos en las principales ciudades españolas, provocaron la caída del Gobierno y la
salida de España del Rey Alfonso XIII. "No estamos de moda”, exclamó el Monarca
antes de partir hacia París el mismo día en el que se proclamaba la Segunda República, el
14 de abril de 1931.
El Gobierno provisional republicano convocó elecciones a Cortes Constituyentes, que
se celebraron el 28 de junio de 1931. Previamente, habían restablecido el sufragio
universal, habían creado la posibilidad de que las mujeres fueran elegidas, aunque no les
concedieron el derecho al voto, y habían rebajado la mayoría de edad a 23 años.
El 14 de julio se inauguraron las nuevas Cortes Constituyentes bajo la presidencia del
socialista Julián Besteiro. Se acordó la formación de una Comisión Jurídica Asesora. Ésta,
a su vez, designó una subcomisión, presidida por Ángel Ossorio y Gallardo, y compuesta
por especialistas en derecho político, tales como García Valdecasas, González Posada y
Antonio de Luna. Pero fue finalmente el socialista Luis Jiménez de Asúa quien, en 20
días, tuvo listo el proyecto que fue presentado a las Cortes el 27 de agosto.
Constaba de 121 artículos. A pesar de que su autor la definió como "una Constitución
de izquierda, pero no socialista”, lo cierto es que en el preámbulo se decía: "El
socialismo tiende a grandes síntesis; el socialismo quisiera hacer del mundo entero un
Estado de proporciones mayúsculas; la Federación de Europa, y aun la del mundo, sería
su aspiración más legítima. Somos nosotros, los socialistas, no un partido político, sino
una civilización que llega, y precisamente eso nos ha hecho pensar en el Estado integral
y no en el Estado federal”.
Después de unos duros debates en el Congreso, la Constitución fue finalmente
aprobada el 9 de diciembre de 1931 por 368 votos a favor, ninguno en contra, y 89
ausencias, correspondientes a aquellos que no estaban de acuerdo en convertir a España
en un estado laico.
El texto final constaba de 125 artículos distribuidos en diez títulos y dos disposiciones
transitorias. Y en su artículo 1º decía: "España es una República democrática de
trabajadores de toda clase, que se organiza en régimen de libertad y de justicia. Los
poderes de todos sus órganos emanan del pueblo. La República constituye un Estado
integral, compatible con la autonomía de los municipios y de las regiones. La bandera de
la República será roja, amarilla y morada".
La soberanía era popular y todos los poderes de la República emanaban del pueblo. Se
proclamó la división de poderes y se especificó que el Gobierno necesitaba la confianza
de las Cortes y del presidente de la República. Se incluyó un amplio conjunto de derechos
fundamentales y libertades públicas, entre las que destacaban la concesión del voto a
todos los españoles sin distinción de sexo y estado civil (ello provocó un duro debate en
el Congreso entre Indalecio Prieto y Victoria Kent), el divorcio, la libertad de opinión y
de circulación, de reunión, etcétera.
La Constitución de 1931, de carácter aconfesional, estableció la libertad de cultos
(también eliminó todo tipo de ayuda estatal a la Iglesia Católica), decretó la disolución de
todas aquellas órdenes religiosas que impusieran el voto de obediencia a otra autoridad
que no fuera la republicana, y estableció una enseñanza laica.
Otras de las grandes novedades introducidas en el texto republicano fueron: la
cuestión regional, creando un estado de autonomías que serviría de base al actual
instaurado por la Constitución de 1978; la creación de un Tribunal de Garantías
Constitucionales; y el reconocimiento de derechos económicos, sociales y culturales, así
como la posibilidad de socialización de la propiedad. En el artículo 44 se decía: "Toda
riqueza del país, sea quien fuere su dueño, está subordinada a los intereses de la
economía nacional y afecta al sostenimiento de las cargas públicas, con arreglo a la
Constitución y a las leyes. La propiedad de toda clase de bienes podrá ser objeto de
expropiación forzosa por causa de utilidad social mediante adecuada indemnización, a
menos que disponga otra cosa una ley aprobada por los votos de la mayoría absoluta de
las Cortes. Con los mismos requisitos la propiedad podrá ser socializada”.
Las Cortes, de carácter unicameral, elegidas por sufragio universal, directo y secreto,
debían reunirse durante cinco meses al año, tenían la potestad legislativa, y entre sus
funciones figuraba la elección del presidente de la República. Éste, por su parte, tenía la
capacidad para declarar la guerra, autorizar los decretos del Gobierno, firmar tratados,
suspender las sesiones de las Cortes y disolverlas hasta dos veces.
La Constitución de 1931, a pesar de haber contado con el respaldo mayoritario de las
Cortes, no fue bien acogida por algunos sectores del país. Gregorio Marañón la calificó de
"Constitución no viable”. El político Niceto Alcalá Zamora afirmó: "no representa la
estable, verdadera y permanente opinión española. Es una Constitución que invita a la
guerra civil”. José Ortega y Gasset dijo que era una "Constitución lamentable, sin pies ni
cabeza, ni el resto de materia orgánica que suele haber entre los pies y la cabeza”. Y
Miguel de Unamuno señaló: "No hay modo de darse cuenta de lo que puede llegar a ser
una constitución urdida o tramada no por choque y entrecruce de doctrinas diversas,
sino de intereses de partidos, o mejor, de clientelas políticas sometidas a una disciplina
que nada tiene de disciplinado. Así se forja, claro que no más que en el papel, un código
de compromiso, henchido no ya de contradicciones íntimas sino de ambigüedades huecas
de verdadero contenido. Así se llega al camelo. Y esto es lo peor”.
El alzamiento militar el 18 de julio de 1936, la Guerra Civil, y la victoria final del
general Franco, llevaron a España a un período de ausencia constitucional. La dictadura
se vio apoyada por Leyes Fundamentales: Ley de Principios del Movimiento Nacional,
Fuero de los Españoles, Fuero del Trabajo, Ley Orgánica del Estado, Ley Constitutiva de
las Cortes, Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado y Ley de Referéndum.
La muerte del general Franco, el 20 de noviembre de 1975, permitió el acceso a la
Jefatura del Estado de Juan Carlos I de Borbón quien, en su calidad de Rey de España,
inició un proceso de transición y apertura democrática, cuya culminación fue la
elaboración y aprobación de la Constitución de 1978. Sometida a referéndum el 6 de
diciembre del mismo año, los españoles votaron mayoritariamente este texto que, desde
entonces, se ha convertido en un instrumento eficaz para la consolidación de los
principios democráticos, y que ha contribuido al establecimiento de un régimen de
libertades que, en 1996, alcanza su mayoría de edad.
CONSTITUCIÓN DE LA II REPÚBLICA (9 de diciembre de 1931)
Como Presidente de las Cortes Constituyentes, y en su nombre, declaro solemnemente
que éstas, en uso de la soberanía de que están investidas han decretado y sancionado lo
siguiente:
ESPAÑA EN USO DE SU SOBERANÍA Y REPRESENTADA POR LAS CORTES
CONSTITUYENTES, DECRETA Y SANCIONA ESTA CONSTITUCIÓN
TÍTULO PRELIMINAR
Disposiciones generales
Art. 1. España es una República democrática de trabajadores de toda clase, que se
organiza en régimen de Libertad y de Justicia.
Los poderes de todos sus órganos emanan del pueblo.
La República constituye un Estado integral, compatible con la autonomía de los
Municipios y las Regiones.
La bandera de la República española es roja, amarilla y morada.
Art. 2. Todos los españoles son iguales ante la ley.
Art. 3. El Estado español no tiene religión oficial.
Art. 4. El castellano es el idioma oficial de la República.
Todo español tiene obligación de saberlo y derecho de usarlo, sin perjuicio de los
derechos que las leyes del Estado reconozcan a las lenguas de las provincias o regiones.
Salvo lo que disponga en leyes especiales, a nadie se le podrá exigir el conocimiento ni el
uso de ninguna lengua regional.
Art. 5. La capitalidad de la República se fija en Madrid.
Art. 6. España renuncia a la guerra como instrumento de política nacional.
Art. 7. El Estado español acatará las normas universales del Derecho internacional,
incorporándolas a su derecho positivo.
TÍTULO I
Organización nacional
Art. 8. El Estado español, dentro de los límites irreductibles de su territorio actual, estará
integrado por Municipios mancomunados en provincias y por las regiones que se
constituyan en régimen de autonomía.
Los territorios de soberanía del Norte de Africa se organizan en régimen autónomo en
relación directa con el Poder central.
Art. 9. Todos los Municipios de la República serán autónomos en las material de su
competencia y elegirán sus Ayuntamientos por sufragio universal, igual, directo y secreto,
salvo cuando funcionen en régimen de Concejo abierto.
Los alcaldes serán designados siempre por elección directa del pueblo o por el
Ayuntamiento.
Art. 10. Las provincias se constituirán por los Municipios mancomunados conforme a
una ley que determinará su régimen, sus funciones y la manera de elegir el órgano gestor
de sus fines político-administrativos.
En su término jurisdiccional entrarán los propios Municipios que actualmente las forman,
salvo las modificaciones que autorice la ley, con los requisitos correspondientes.
En las islas Canarias, además, cada isla formará una categoría orgánica provista de un
Cabildo insular como Cuerpo gestor de sus intereses peculiares con funciones y
facultades administrativas iguales a las que la ley asigne al de las provincias.
Las islas Baleares podrán optar por un régimen idéntico.
Art. 11. Si una o varias provincias limítrofes, con características históricas, culturales y
económicas, comunes, acordaran organizarse en región autónoma para formar un núcleo
político-administrativo, dentro del Estado español, presentará su Estatuto con arreglo a lo
establecido en el artículo 12.
En ese Estatuto podrán recabar para sí en su totalidad o parcialmente, las atribuciones que
se determinan en los artículos 15, 16 y 18 de esta Constitución, sin perjuicio, en el
segundo caso, de que puedan recabar todas o parte de las restantes por el mismo
procedimiento establecido en este Código fundamental.
La condición de limítrofes no es exigible a los territorios insulares entre sí.
Una vez aprobado el Estatuto, será la ley básica de la organización político-administrativa
de la región autónoma, y el Estado español la reconocerá y amparará como parte
integrante de su ordenamiento jurídico.
Art. 12. Para la aprobación del Estatuto de la región autónoma se requieren las siguientes
condiciones:
a) Que lo proponga la mayoría de sus Ayuntamientos o, cuando menos, aquellos cuyos
Municipios comprendan las dos terceras partes del Censo electoral de la región.
b) Que lo acepten, por el procedimiento que señale la ley Electoral, por lo menos las dos
terceras partes de los electores inscritos en el Censo de la región. Si el plebiscito fuera
negativo, no podrá renovarse la propuesta de autonomía hasta transcurridos cinco años.
c) Que lo aprueben las Cortes.
Los Estatutos regionales serán aprobados por el Congreso siempre que se ajusten al
Presente título y no contengan, en caso alguno, preceptos contrarios a la Constitución, y
tampoco a las leyes orgánicas del Estado en las materias no transmisibles al poder
regional, sin perjuicio de la facultad que a las Cortes reconocen los artículos 15 y 16.
Art. 13. En ningún caso se admite la Federación de regiones autónomas.
Art. 14. Son de exclusiva competencia del Estado español la legislación y la ejecución
directa en las materias siguientes:
1.ª Adquisición y pérdida de la nacionalidad y regulación de los derechos y deberes
constitucionales.
2.ª Relación entre las Iglesias y el Estado y régimen de cultos.
3.ª Representación diplomática y consular y, en general, la del Estado en el exterior;
declaración de guerra; Tratados de paz; régimen de Colonias y Protectorado, y toda clase
de relaciones internacionales.
4.ª Defensa de la seguridad pública en los conflictos de carácter supraregional o
extraregional.
5.ª Pesca marítima.
6.ª Deuda del Estado.
7.ª Ejército, Marina de guerra y Defensa nacional.
8.ª Régimen arancelario, Tratados de Comercio, Aduanas y libre circulación de las
mercancías.
9.ª Abanderamiento de buques mercantes, sus derechos y beneficios e iluminación de
costas.
10.ª Régimen de extradición.
11.ª Jurisdicción del Tribunal Supremo, salvo las atribuciones que se reconozcan a los
Poderes regionales.
12.ª Sistema monetario, emisión fiduciaria y ordenación general bancaria.
13.ª Régimen general de comunicaciones, líneas aéreas, correos, telégrafos, cables
submarinos y radiocomunicación.
14.ª Aprovechamientos hidráulicos e instalaciones eléctricas, cuando las aguas discurran
fuera de la región autónoma o el transporte de la energía salga de su término.
15.ª Defensa sanitaria en cuanto afecte a intereses extraregionales.
16.ª Policía de fronteras, inmigración, emigración y extranjera.
17.ª Hacienda general del Estado.
18.ª Fiscalización de la producción y el comercio de armas.
Art. 15. Corresponde al Estado español la legislación, y podrá corresponder a las regiones
autónomas la ejecución, en la medida de su capacidad política, a juicio de las Cortes,
sobre las siguientes materias:
1.ª Legislación penal, social, mercantil y procesal, y en cuanto a la legislación civil, la
forma del matrimonio, la ordenación de los registros e hipotecas, las bases de las
obligaciones contractuales y la regulación de los Estatutos personal, real y formal, para
coordinar la aplicación y resolver los conflictos entre las distintas legislaciones civiles de
España.
La ejecución de las leyes sociales será inspeccionada por el Gobierno de la República
para garantizar su estricto cumplimiento y el de los tratados internacionales que afecten a
la materia.
2.ª Legislació n sobre propiedad intelectual e industrial.
3.ª Eficacia de los comunicados oficiales y documentos públicos.
4.ª Pesos y medidas.
5.ª Régimen minero y bases mínimas sobre montes, agricultura y ganadería, en cuanto
afecte a la defensa de la riqueza y a la coordinación de la economía nacional.
6.ª Ferrocarriles, carreteras, canales, teléfonos y puertos de interés general, quedando a
salvo para el Estado la reversión y policía de los primeros y la ejecución directa que
pueda reservarse.
7.ª Bases mínimas de la legislación sanitaria interior.
8.ª Régimen de seguros generales y sociales.
9.ª Legislación de aguas, caza y pesca fluvial.
10.ª Régimen de Prensa, Asociaciones, reuniones y espectáculos públicos.
11.ª Derecho de expropiación, salvo siempre, la facultad del Estado para ejecutar por sí
sus obras peculiares.
12.ª Socialización de riquezas naturales y empresas económicas, delimitándose por la
legislación la propiedad y las facultades del Estado y de las regiones.
13.ª Servicios de aviación civil y radiodifusión
Art. 16. En las materias no comprendidas en los dos artículos anteriores podrán
corresponder a la competencia de las regiones autónomas la legislación exclusiva y la
ejecución directa, conforme a lo que dispongan los respectivos Estatutos aprobados por
las Cortes.
Art. 17. En las regiones autónomas no se podrá regular ninguna materia con diferencia de
trato entre los naturales del país y los demás españoles.
Art. 18. Todas las materias que no estén explícitamente reconocidas en su Estatuto a la
región autónoma, se reputarán propias de la competencia del Estado; pero éste podrá
distribuir o transmitir las facultades por medio de una ley.
Art. 19. El Estado podrá fijar, por medio de una ley, aquellas bases a que habrán de
ajustarse las disposiciones legislativas de las regiones autónomas, cuando así lo exigiere
la armonía entre los intereses locales y el interés general de la República. Corresponde al
Tribunal de Garantías Constitucionales la apreciación previa de esta necesidad.
Para la aprobación de esta ley se necesitará el voto favorable de las dos terceras partes de
los Diputados que integren las Cortes.
En las material reguladas por una ley de Bases de la República las regiones podrán
estatuir lo pertinente, por ley o por ordenanza.
Art. 20. Las leyes de la República serán ejecutadas en las regiones autónomas por sus
autoridades respectivas, excepto aquellas cuya aplicación esté atribuida a órganos
especiales o en cuyo texto se disponga lo contrario, siempre conforme a lo establecido en
este Título
El Gobierno de la República podrá dictar Reglamentos para la ejecución de sus leyes, aun
en los casos en que esta ejecución corresponda a las autoridades regionales.
Art. 21. El derecho del Estado español prevalece sobre el de las regiones autónomas en
todo lo que no esté atribuido a la exclusiva competencia de éstas en sus respectivos
Estatutos.
Art. 22. Cualquiera de las provincias que forme una región autónoma o parte de ella
podrá renunciar a su régimen y volver al de provincia directamente vinculada al Poder
central. Para tomar este acuerdo será necesario que lo proponga la mayoría de sus
Ayuntamientos y lo acepten, por lo menos, dos terceras partes de los electores inscritos en
el censo de la provincia.
TÍTULO II
Nacionalidad
Art. 23. Son españoles:
1.° Los nacidos, dentro o fuera de España, de padre o madre españoles.
2.° Los nacidos en territorio español de padres extranjeros siempre que opten por la
nacionalidad española en la forma que la s leyes determinen.
3.° Los nacidos en España de padres desconocidos.
4.° Los extranjeros que obtengan carta de naturaleza y los que sin ella hayan ganado
vecindad en cualquier pueblo de la República, en los términos y condiciones que
prescriban las leyes.
La extranjera que case con español conservará su nacionalidad de origen o adquirirá la de
su marido, previa opción regulada por las leyes de acuerdo con los Tratados
internacionales.
Una ley establecerá el procedimiento que facilite la adquisición de la nacionalidad a las
personas de origen español que residan en el extranjero.
Art. 24. La calidad de español se pierde:
1.° Por entrar al servicio de las armas de una potencia extranjera sin licencia del Estado
español, o por aceptar empleo de otro Gobierno que lleve anejo ejercicio de autoridad o
jurisdicción.
2.° Por adquirir voluntariamente naturaleza en país extranjero.
A base de una reciprocidad internacional efectiva y mediante los requisitos y trámites que
fijará una ley, se concederá ciudadanía a los naturales de Portugal y países hispánicos de
América, comprendido el Brasil, cuando así lo soliciten y residan en territorio español, sin
que pierdan ni modifiquen su ciudadanía de origen.
En estos mismos países, si sus leyes no lo prohiben, aun cuando no reconozcan el derecho
de reciprocidad, podrán naturalizarse los españoles sin perder su nacionalidad de origen.
TÍTULO III
Derechos y deberes de los españoles
CAPÍTULO I
Garantías individuales y políticas
Art. 25. No podrán ser fundamento de privilegio jurídico: la naturaleza, la filiación, el
sexo, la clase social, la riqueza, las ideas políticas ni las creencias religiosas.
Art. 26. Todas las confesiones serán consideradas como Asociaciones sometidas a una
ley especial.
El Estado, las regiones, las provincias y los Municipios, no mantendrán, favorecerán, ni
auxiliarán económicamente a las Iglesias, Asociaciones e Instituciones religiosas.
Una ley especial regulará la total extinción, en un plazo máximo de dos años, del
presupuesto del Clero.
Quedan disueltas aquellas órdenes religiosas que estatutariamente impongan, además de
los tres votos canónicos, otro especial de obediencia a autoridad distinta de la legítima del
Estado. Sus bienes serán nacionalizados y afectados a fines benéficos y docentes.
Las demás órdenes religiosas se someterán a una ley especial votada por estas Cortes
Constituyentes y ajustadas a las siguientes bases:
1.ª Disolución de las que, por sus actividades, constituyen un peligro para la seguridad del
Estado.
2.ª Inscripción de las que deban subsistir, en un Registro especial dependiente del
Ministerio de Justicia.
3.ª Incapacidad de adquirir y conservar, por sí o por persona interpuesta, más bienes que
los que, previa justificación, se destinen a su vivienda o al cumplimiento directo de sus
fines privativos.
4.ª Prohibición de ejercer la industria, el comercio o la enseñanza.
5.ª Sumisión a todas las leyes tributarias del país.
6.ª Obligación de rendir anualmente cuentas al Estado de la inversión de sus bienes en
relación con los fines de la Asociación.
Los bienes de las órdenes religiosas podrán ser nacionalizados.
Art. 27. La libertad de conciencia y el derecho de profesar y practicar libremente
cualquier religión quedan garantizados en el territorio español, salvo el respeto debido a
las exigencias de la moral pública.
Los cementerios estarán sometidos exclusivamente a la jurisdicción civil. No podrá haber
en ellos separación de recintos por motivos religiosos.
Todas las confesiones podrán ejercer sus cultos privadamente Las manifestaciones
públicas del culto habrán de ser, en cada caso, autorizadas por el Gobierno.
Nadie podrá ser compelido a declarar oficialmente sus creencias religiosas.
La condición religiosa no constituirá circunstancia modificativa de la personalidad civil ni
política, salvo lo dispuesto en esta Constitución para el nombramiento de Presidente de la
República y para ser Presidente del Consejo de Ministros.
Art. 28. Sólo se castigarán los hechos declarados punibles por ley anterior a su
perpetración. Nadie será juzgado sino por Juez competente y conforme a los trámites
legales.
Art. 29. Nadie podrá ser detenido ni preso sino por causa de delito. Todo detenido será
puesto en libertad o entregado a la autoridad judicial, dentro de las veinticuatro horas
siguientes al acto de la detención.
Toda detención se dejará sin efecto o se elevará a prisión, dentro de las setenta y dos
horas de haber sido entregado el detenido al Juez competente.
La resolución que se dictare será por auto judicial y se notificará al interesado dentro del
mismo plazo.
Incurrirán en responsabilidad las autoridades cuyas órdenes motiven infracción de este
artículo y los agentes y funcionarios que las ejecuten, con evidencia de su ilegalidad.
La acción para perseguir estas infracciones será pública, sin necesidad de prestar fianza ni
caución de ningún género.
Art. 30. El Estado no podrá suscribir ningún Convenio o Tratado internacional que tenga
por objeto la extradición de delincuentes políticos-sociales.
Art. 31. Todo español podrá circular libremente por el territorio nacional y elegir en él su
residencia y domicilio, sin que pueda ser compelido a mudarlos a no ser en virtud de
sentencia ejecutoria.
El derecho a emigrar o inmigrar queda reconocido y no está sujeto a más limitaciones que
las que la ley establezca.
Una ley especial determinará las garantías para la expulsión de los extranjeros del
territorio español.
El domicilio de todo español o extranjero residente en España es inviolable. Nadie podrá
entrar en él sino en virtud de mandamientos de Juez competente. El registro de papeles y
efectos se practicará siempre a presencia del interesado o de una persona de su familia, y
en su defecto, de dos vecinos del mismo pueblo.
Art. 32. Queda garantizada la inviolabilidad de la correspondencia en todas sus formas, a
no ser que se dicte auto judicial en contra.
Art. 33. Toda persona es libre de elegir profesión. Se reconoce la libertad de industria y
comercio, salvo las limitaciones que, por motivos económicos y sociales de interés
general, impongan las leyes.
Art. 34. Toda persona tiene derecho a emitir libremente sus ideas y opiniones, valiéndose
de cualquier medio de difusión, sin sujetarse a previa censure.
En ningún caso podrá recogerse la edición de libros y periódicos sino en virtud de
mandamiento de Juez competente.
No podrá decretarse la suspensión de ningún periódico sino por sentencia firme.
Art. 35. Todo español podrá dirigir peticiones, individual y colectivamente, a los Poderes
públicos y a las autoridades. Este derecho no podrá ejercerse por ninguna clase de fuerza
armada.
Art. 36. Los ciudadanos de uno y de otro sexo, mayores de veintitrés años, tendrán los
mismos derechos electorales conforme determinen las leyes.
Art. 37. El Estado podrá exigir de todo ciudadano su prestación personal para servicios
civiles o militares, con arreglo a las leyes.
Las Cortes, a propuesta del Gobierno, fijarán todos los años el contingente militar.
Art. 38. Queda reconocido el derecho de reunirse pacíficamente y sin armas.
Una ley especial regulará el derecho de reunión al aire libre y el de manifestación.
Art. 39. Los españoles podrán asociarse o sindicarse libremente para los distintos fines de
la vida humana, conforme a las leyes del Estado.
Los Sindicatos y Asociaciones están obligados a inscribirse en el Registro público
correspondiente, con arreglo a la ley.
Art. 40. Todos los españoles sin distinción de sexo, son admisibles a los empleos y
cargos públicos según su mérito y capacidad, salvo las incompatibilidades que las leyes
señalen.
Art. 41. Los nombramientos, excedencias y jubilaciones de los funcionarios públicos se
harán conforme a las leyes. Su inamovilidad se garantiza por la Constitución. La
separación del servicio, las suspensiones y los traslados sólo tendrán lugar por causes
justificadas previstas en la ley.
No se podrá molestar ni perseguir a ningún funcionario público por sus opiniones
políticas, sociales y religiosas.
Si el funcionario público, en el ejercicio de su cargo, infringe sus deberes con perjuicio de
tercero, el Estado o la Corporación a quien sirva serán subsidiariamente responsables de
los daños y perjuicios consiguientes, conforme determine la ley.
Los funcionarios civiles podrán constituir Asociaciones profesionales que no impliquen
injerencias en el servicio público que les estuviere encomendado. Las Asociaciones
profesionales de funcionarios se regularán por una ley. Estas Asociaciones podrán recurrir
ante los Tribunales contra los acuerdos de la superioridad que vulneren los derechos de
los funcionarios.
Art. 42. Los derechos y garantías consignados en los artículos 29, 31, 34, 38 y 39 podrán
ser suspendidos total o parcialmente, en todo el territorio nacional o en parte de él, por
decreto del Gobierno, cuando así lo exija la seguridad del Estado, en casos de notoria e
inminente gravedad.
Si las Cortes estuviesen reunidas, resolverán sobre la suspensión acordada por el
Gobierno.
Si estuviesen cerradas, el Gobierno deberá convocarlas para el mismo fin en el plazo
máximo de ocho días. A falta de convocatoria se reunirán automáticamente al noveno día.
Las Cortes no podrán ser disueltas antes de resolver mientras subsista la suspensión de
garantías.
Si estuvieran disueltas, el Gobierno dará inmediata cuenta a la Diputación Permanente
establecida en el artículo 62, que resolverá con iguales atribuciones que las Cortes.
El plazo de suspensión de garantías constitucionales no podrá exceder de treinta días.
Cualquier prórroga necesitará acuerdo previo de las Cortes o de la Diputación Permanente
en su caso.
Durante la suspensión regirá, para el territorio a que se aplique, la ley de Orden público.
En ningún caso podrá el Gobierno extrañar o deportar a los españoles, ni desterrarlos a
distancia superior a 250 kilómetros de su domicilio.
CAPÍTULO II
Familia, economía y cultura
Art. 43. La familia está bajo la salvaguardia especial del Estado. El matrimonio se funda
en la igualdad de derechos para ambos sexos, y podrá disolverse por mutuo disenso o a
petición de cualquiera de los cónyuges, con alegación en este caso de justa causa.
Los padres están obligados a alimentar, asistir, educar e instruir a sus hijos. El Estado
velará por el cumplimiento de estos deberes y se obliga subsidiariamente a su ejecución.
Los padres tienen para con los hijos habidos fuera del matrimonio los mismos deberes
que respecto de los nacidos en él.
Las leyes civiles regula rán la investigación de la paternidad.
No podrá consignarse declaración alguna sobre la legitimidad o ilegitimidad de los
nacimientos ni sobre el estado civil de los padres, en las actas de inscripción, ni en
filiación alguna.
El Estado prestará asistencia a los enfermos y ancianos, y protección a la maternidad y a
la infancia, haciendo suya la "Declaración de Ginebra" o tabla de los derechos del niño.
Art. 44. Toda la riqueza del país, sea quien fuere su dueño, está subordinada a los
intereses de la economía nacional y afecta al sostenimiento de las cargas públicas, con
arreglo a la Constitución y a las leyes.
La propiedad de toda clase de bienes podrá ser objeto de expropiación forzosa por causa
de utilidad social mediante adecuada indemnización, a menos que disponga otra cosa una
ley aprobada por los votos de la mayoría absoluta de las Cortes.
Con los mismos requisitos la propiedad podrá ser socializada.
Los servicios públicos y las explotaciones que afecten al interés común pueden ser
nacionalizados en los casos en que la necesidad social así lo exija.
El Estado podrá intervenir por ley la explotación y coordinación de industrias y empresas
cuando así lo exigieran la racionalización de la producción y los intereses de la economía
nacional.
En ningún caso se impondrá la pena de confiscación de bienes.
Art. 45. Toda la riqueza artística e histórica del país, sea quien fuere su dueño, constituye
tesoro cultural de la Nación y estará bajo la salvaguardia del Estado, que podrá prohibir
su exportación y enajenación y decretar las expropiaciones legales que estimare oportunas
para su defensa. El Estado organizará un registro de la riqueza artística e histórica,
asegurará su celosa custodia y atenderá a su perfecta conservación.
El Estado protegerá también los lugares notables por su belleza natural o por su
reconocido valor artístico o histórico.
Art. 46. El trabajo, en sus diversas formas, es una obligación social y gozará de la
protección de las leyes.
La República asegurará a todo trabajador las condiciones necesarias de una existencia
digna. Su legislación social regulará: los casos de seguro de enfermedad, accidente, paro
forzoso, vejez, invalidez y muerte; el trabajo de las mujeres y de los jóvenes, y
especialmente la protección a la maternidad; la jornada de trabajo y el salario mínimo y
familiar; las vacaciones anuales remuneradas; las condiciones del obrero español en el
extranjero; las instituciones de cooperación; la relación económico-juridica de los factores
que integran la producción; la participación de los obreros en la dirección, la
administración y los beneficios de las empresas, y todo cuanto afecte a la defensa de los
trabajadores.
Art. 47. La República protegerá al campesino y a este fin legislará, entre otras materias,
sobre el patrimonio familiar inembargable y exento de toda clase de impuestos, crédito
agrícola, indemnización por pérdida de las cosechas, cooperativas de producción y
consumo, cajas de previsión, escuelas prácticas de agricultura y granjas de
experimentación agropecuarias, obras para riego y vías rurales de comunicación. La
República protegerá en términos equivalentes a los pescadores.
Art. 48. El servicio de la cultura es atribución esencial del Estado, y lo restará mediante
instituciones educativas enla zadas por el sistema de la escuela unificada.
La enseñanza primaria será gratuita y obligatoria.
Los maestros, profesores y catedráticos de la enseñanza oficial son funcionarios públicos.
La libertad de cátedra queda reconocida y garantizada.
La República legislará en el sentido de facilitar a los españoles económicamente
necesitados el acceso a todos los grados de enseñanza, a fin de que no se halle
condicionado más que por la aptitud y la vocación.
La enseñanza será laica, hará del trabajo el eje de su actividad metodológica y se inspirará
en ideales de solidaridad humana.
Se reconoce a las Iglesias el derecho, sujeto a inspección del Estado, de enseñar sus
respectivas doctrinas en sus propios establecimientos.
Art. 49. La expedición de títulos académicos y profesionales corresponde exclusivamente
al Estado, que establecerá las pruebas y requisitos necesarios para obtenerlos aun en los
casos en que los certificados de estudios procedan de centros de enseñanza de las regiones
autónomas. Una ley de instrucción pública determinará la edad escolar para cada grado, la
duración de los períodos de escolaridad, el contenido de los planes pedagógicos y las
condiciones en que se podrá autorizar la enseñanza en los establecimientos privados.
Art. 50. Las regiones autónomas podrán organizar la enseñanza en sus lenguas
respectivas, de acuerdo con las facultades que se concedan en sus estatutos. Es obligatorio
el estudio de la lengua castellana, y ésta se usara también como instrumento de enseñanza
en todos los Centros de instrucción primaria y secundaria de las regiones autónomas. El
Estado podrá mantener o crear en ellas instituciones docentes de todos los grados en el
idioma oficial de la República.
El Estado ejercerá la suprema inspecció n en todo el territorio nacional ara asegurar el
cumplimiento de las disposiciones contenidas en este artículo y en los dos anteriores.
El Estado atenderá a la expansión cultural de España estableciendo delegaciones y centros
de estudio y enseñanza en el extranjero y preferentemente en los países
hispanoamericanos.
TÍTULO IV
Las Cortes
Art. 51. La potestad legislativa reside en el pueblo, que la ejerce por medio de las Cortes
o Congreso de los Diputados.
Art. 52. El Congreso de los Diputados se compone de los representantes elegidos por
sufragio universal, igual, directo y secreto.
Art. 53. Serán elegibles para diputados todos los ciudadanos de la República mayores de
veintitrés años, sin distinción de sexo ni de estado civil, que reúnan las condiciones
fijadas por la ley Electoral.
Los diputados, una vez elegidos, representan a la Nación. La duración legal del mandato
será de cuatro años, contados a partir de la fecha en que fueron celebradas las elecciones.
Al terminar este plazo se renovará totalmente el Congreso. Sesenta días, a lo sumo,
después de verificarse las nuevas elecciones. El Congreso se reunirá a los treinta días,
como máximo, después de la elección. Los diputados serán reelegibles indefinidamente.
Art. 54. La ley determinará los casos de incompatibilidad de los diputados, así como su
retribución.
Art. 55. Los diputados son inviolables por los votos y opiniones que emitan en el
ejercicio de su cargo.
Art. 56. Los diputados sólo podrán ser detenidos en caso de flagrante delito.
La detención será comunicada inmediatamente a la Cámara o a la Diputación Permanente.
Si algún juez o Tribunal estimare que debe dictar auto de procesamiento contra un
diputado, lo comunicará así al Congreso, exponiendo los fundamentos que considere
pertinentes.
Transcurridos sesenta días, a partir de la fecha en que la Cámara hubiere acusado recibo
del oficio correspondiente, sin tomar acuerdo respecto del mismo, se entenderá denegado
el suplicatorio.
Toda detención o procesamiento de un diputado quedará sin efecto cuando así lo acuerde
el Congreso, si está reunido, o la Diputación Permanente cuando las sesiones estuvieren
suspendidas o la Cámara disuelta.
Tanto el Congreso como la Diputación Permanente, según los casos antes mencionados,
podrán acordar que el Juez suspenda todo procedimiento hasta la expiración del mandato
parlamentario del diputado objeto de la acción judicial.
Los acuerdos de la Diputación Permanente se entenderán revocados si reunido el
Congreso no los ratificara expresamente en una de sus veinte primeras sesiones.
Art. 57. El Congreso de los Diputados tendrá facultad para resolver sobre la validez de la
elección y la capacidad de sus miembros electos y para adoptar su Reglamento de
régimen interior.
Art. 58. Las Cortes se reunirán sin necesidad de convocatoria el primer día hábil de los
meses de febrero y octubre de cada año y funcionarán, por lo menos, durante tres meses
en el primer período y dos en el segundo.
Art. 59. Las Cortes disueltas se reúnen de pleno derecho y recobran su potestad como
Poder legítimo del Estado, desde el momento en que el Presidente no hubiere cumplido,
dentro del plazo, la obligación de convocar las nuevas elecciones.
Art. 60. El Gobierno y el Congreso de los diputados tienen la iniciativa de las leyes.
Art. 61. El Congreso podrá autorizar al Gobierno para que éste legisle por decreto,
acordado en Consejo de Ministros, sobre materias reservadas a la competencia del Poder
Legislativo.
Estas autorizaciones no podrán tener carácter general, y los decretos dictados en virtud de
las mismas se ajustarán estrictamente a las bases establecidas por el Congreso para cada
materia concreta.
El Congreso podrá reclamar el conocimiento de los decretos así dictados, para enjuiciar
sobre su adaptación a las bases establecidas por él.
En ningún caso podrá autorizarse, en esta forma, aumento alguno de gastos.
Art. 62. El Congreso designará de su seno una Diputación Permanente de Cortes,
compuesta, como máximo, de 21 representantes de las distintas fracciones políticas, en
proporción a su fuerza numérica.
Esta Diputación tendrá por Presidente el que lo sea del Congreso y entenderá:
1.° De los casos de suspensión de garantías constitucionales previstos en el artículo 42.
2.° De los casos a que se refiere el artículo 80 de esta Constitución relativos a los
decretos-leyes.
3.° De lo concerniente a la detención y procesamiento de los diputados.
4.° De las demás materias en que el Reglamento de la Cámara le diere atribución.
Art. 63. El Presidente del Consejo y los Ministros tendrán voz en el Congreso, aunque no
sean diputados.
No podrán excusar su asistencia a la Cámara cuando sean por ella requeridos.
Art. 64. El Congreso podrá acordar un voto de censura contra el Gobierno o alguno de
sus Ministros.
Todo voto de censura deberá ser propuesto, en forma motivada y por escrito, con las
firmas de cincuenta diputados en posesión del cargo.
Esta proposición deberá ser comunicada a todos los Diputados y no podrá ser discutida ni
votada pasados cinco días de su presentación.
No se considerará obligado a dimitir el Gobierno ni el Ministro cuando el voto de censura
no fuese aprobado por la mayoría absoluta de los Diputados que constituyan la Cámara
Las mismas garantías se observarán respecto a cualquier otra proposición que
indirectamente implique un voto de censura.
Art. 65. Todos los Convenios internacionales ratificados por España e inscritos en la
Sociedad de las Naciones y que tengan carácter de ley internacional, se considerarán parte
constitutiva de la legislación española, que habrá de acomodarse a lo que en aquéllos se
disponga.
Una vez ratificado un Convenio internacional que afecte a la ordenación jurídica del
Estado, el Gobierno presentará, en plazo breve, al Congreso de los Diputados, los
proyectos de ley necesarios para la ejecución de sus preceptos.
No podrá dictarse ley alguna en contradicción con dichos Convenios, si no hubieran sido
previamente denunciados conforme al procedimiento en ellos establecido.
La iniciativa de la denuncia habrá de ser sancionada por las Cortes.
Art. 66. El pueblo podrá atraer a su decisión mediante "referéndum" las leyes votadas por
las Cortes. Bastará, para ello, que lo solicite el 15 por 100 del Cuerpo electoral.
No serán objeto de este recurso la Constitución, las leyes complementarias de la misma,
las de ratificación de Convenios internacionales inscritos en la Sociedad de las Naciones,
los Estatutos regionales, ni las leyes tributarias.
El pueblo podrá asimismo, ejerciendo el derecho de iniciativa, presentar a las Cortes una
proposición de ley siempre que lo pica, por lo menos, el 15 por 100 de los electores.
Una ley especial regulará el procedimiento y las garantías del "referéndum" y de la
iniciativa popular.
TÍTULO V
Preside ncia de la República
Art. 67. El Presidente de la República es el Jefe del Estado y personifica a la Nación.
La ley determinará su dotación y sus honores, que no podrán ser alterados durante el
período de su magistratura.
Art. 68. El Presidente de la República será elegido conjuntamente por las Cortes y un
número de compromisarios igual al de diputados.
Los Compromisarios serán elegidos por sufragio universal, igual, directo y secreto,
conforme al procedimiento que determine la ley. Al Tribunal de Garantías
Constitucionales corresponde el examen y aprobación de los poderes de los
compromisarios.
Art. 69. Sólo serán elegibles para la Presidencia de la República los ciudadanos españoles
mayores de cuarenta años que se hallen en el pleno goce de sus derechos civiles y
políticos.
Art. 70. No podrán ser elegibles ni tampoco propuestos para candidatos:
a) Los militares en activo o en la reserva, ni los retirados que no lleven diez años, cuando
menos, en dicha situación
b) Los eclesiásticos, los ministros de las varias confesiones y los religiosos profesos.
c) Los miembros de las familias reinantes o ex reinantes de cualquier país, sea cual fuere
el grado de parantesco que les una con el jefe de las mismas.
Art. 71. El mandato del Presidente de la Repúblic a durará seis años.
El Presidente de la República no podrá ser reelegido hasta transcurridos seis años del
término de su anterior mandato
Art. 72. El Presidente de la República prometerá ante las Cortes, solemnemente reunidas,
fidelidad a la República y a la Constitución.
Prestada esta promesa, se considerará iniciado el nuevo período presidencial.
Art. 73. La elección de nuevo Presidente de la República se celebrara treinta días antes de
la expiración del mandato presidencial.
Art. 74. En caso de impedimento temporal o ausencia del Presidente de la República, le
sustituirá en sus funciones el de las Cortes, quien será sustituido en las suyas por el
vicepresidente del Congreso. Del mismo modo, el Presidente del Parlamento asumirá las
funciones de la Presidencia de la República, si ésta quedara vacante; en tal caso será
convocada la elección de nuevo Presidente en el plazo improrrogable de ocho días,
conforme a lo establecido en el artículo 68, y se celebrará dentro de los treinta días
siguientes a la convocatoria.
A los exclusivos efectos de la elección de Presidente de la República, las Cortes, aun
estando disueltas, conservan sus poderes.
Art. 75. El Presidente de la República nombrará y separará libremente al Presidente del
Gobierno y, a propuesta de éste, a los Ministros. Habrá de separarlos necesariamente en el
caso de que las Cortes les negasen de modo explícito su confianza.
Art. 76. Corresponde también al Presidente de la República:
a) Declarar la guerra, conforme a los requisitos del artículo siguiente, y firmar la paz.
b) Conferir los empleos civiles y militares y expedir los títulos profesionales de acuerdo
con las leyes y los reglamentos.
c) Autorizar con su firma los decretos, refrendados por el Ministro correspondiente,
previo acuerdo del Gobierno, pudiendo el Presidente acordar que los proyectos de decreto
se sometan a las Cortes, si creyere que se oponen a alguna de las leyes vigentes.
d) Ordenar las medidas urgentes que exija la defensa de la integridad o la seguridad de la
Nación, dando inmediata cuenta a las Cortes.
e) Negociar, firmar y ratificar los Tratados y Convenios internacionales sobre cualquier
materia y vigilar su cumplimiento en todo el territorio nacional.
Los tratados de carácter político, los de comercio, los que supongan gravemente para la
Hacienda pública o individualmente para los ciudadanos españoles y, en general, todos
aquellos que exijan para su ejecución medidas de orden legislativo, sólo obligará a la
Nación si han sido aprobados por las Cortes.
Los proyectos de Convenio de la organización internacional del Trabajo serán sometidos
a las Cortes en el plazo de un año y, en el caso de circunstancias excepcionales, de
dieciocho meses, a partir de la clausura de la Conferencia en que hayan sido adoptados.
Una vez aprobados por el Parlamento, el Presidente de la República suscribirá la
ratificación, que será comunicada, para su registro, a la Sociedad de las Naciones.
Los demás tratados y Convenios secretos y las cláusulas secretas de cualquier tratado o
Convenio no obligarán a la Nación
Art. 77. El Presidente de la República no podrá firmar declaración alguna de guerra sino
en las condiciones prescritas en el Pacto de la Sociedad de las Naciones y sólo una vez
agotados aquellos medios defensivos que no tengan carácter bélico y los procedimientos
judiciales o de conciliación y arbitraje establecidos en los Convenios internacionales de
que España fuere parte, registrados en la Sociedad de las Naciones.
Cuando la Nación estuviere ligada a otros países por Tratados particulares de conciliación
y arbitraje, se aplicaran éstos en todo lo que no contradigan los Convenios generales.
Cumplidos los anteriores requisitos, el Presidente de la República habrá de estar
autorizado por una ley para firmar la declaración de guerra.
Art. 78. El Presidente de la República no podrá cursar el aviso de que España se retire de
la Sociedad de las Naciones sino anunciándolo con la antelación que exige el Pacto de esa
Sociedad, y mediante previa autorización de las Cortes consignada en una ley especial,
votada por mayoría absoluta.
Art. 79. El Presidente de la República, a propuesta del Gobierno, expedirá los decretos,
reglamentos e instrucciones necesarios para la ejecución de las leyes.
Art. 80. Cuando no se halle reunido el Congreso, el Presidente, a propuesta y por acuerdo
unánime del Gobierno y con la aprobación de los dos tercios de la Diputación
Permanente, podrá estatuir por decreto sobre materias reservadas a la competencia de las
Cortes, en los casos excepcionales que requieran urgente decisión, o cuando lo demande
la defensa de la República. Los decretos así dictados tendrán sólo carácter provisional, y
su vigencia estará limitada al tiempo que tarde el Congreso en resolver o legislar sobre la
materia.
Art. 81. El Presidente de la República podrá convocar el Congreso con carácter
extraordinario siempre que lo estime oportuno.
Podrá suspender las sesiones ordinarias del Congreso en cada legislatura sólo por un mes
en el primer período y por quince días en el segundo siempre que no deje de cumplir lo
preceptuado en el artículo 58.
El Presidente podrá disolver las Cortes hasta dos veces como máximo durante su mandato
cuando lo estime necesario, sujetándose a las siguientes condiciones:
a) Por decreto motivado
b) Acompañando al decreto de disolución la convocatoria de las nuevas elecciones para el
plazo máximo de sesenta días.
En el caso de segunda disolución, el primer acto de las nuevas Cortes será examinar y
resolver la necesidad del decreto de disolución de las anteriores. El voto desfavorable de
la mayoría absoluta de las Cortes llevará aneja la destitución del Presidente.
Art. 82. El Presidente podrá ser destituido antes de que expire su mandato.
La iniciativa de destitución se tomará a propuesta de las tres quintas partes de los
miembros que compongan el Congreso, y desde este instante el Presidente no podrá
ejercer sus funciones.
En el plazo de ocho días se convocará la elección de compromisarios en la forma
prevenida para la elección de Presidente. Los compromisarios reunidos con las Cortes
decidirán por mayoría absoluta sobre la propuesta de éstas.
Si la Asamblea votare contra la destitución, quedará disuelto el Congreso. En caso
contrario, esta misma Asamblea elegirá el nuevo Presidente.
Art. 83. El Presidente promulgará las leyes sancionadas por el Congreso, dentro del plazo
de quince días, contados desde aquél en que la sanción le hubiere sido oficialmente
comunicada.
Si la ley se declarare urgente por las dos terceras partes de los votos emitidos por el
Congreso, el Presidente procederá a su inmediata promulgación.
Antes de promulgar las leyes no declaradas urgentes, el Presidente podrá pedir al
Congreso, en mensaje razonado, que las someta a nueva deliberación. Si volvieran a ser
aprobadas por una mayoría de dos tercios de votantes, el Presidente quedará obligado a
promulgarlas.
Art. 84. Serán nulos y sin fuerza alguna de obligar los actos y mandatos del Presidente
que no estén refrendados por un Ministro.
La ejecució n de dichos mandatos implicará responsabilidad penal.
Los Ministros que refrenden actos o mandatos del Presidente de la República asumen la
plena responsabilidad política y civil y participan de la criminal que de ellos pueda
derivarse.
Art. 85. El Presidente de la República es criminalmente responsable de la infracción
delictiva de sus obligaciones constitucionales.
El Congreso, por acuerdo de las tres quintas partes de la totalidad de sus miembros,
decidirá si procede acusar al Presidente de la República ante el Tribunal de Garantías
Constitucionales. Mantenida la acusación por el Congreso, el Tribunal resolverá si la
admite o no. En caso afirmativo, el Presidente quedará, desde luego, destituido,
procediéndose a nueva elección, y la causa seguirá sus trámites.
Si la acusación no fuese admitida, el Congreso quedará disuelto y se procederá a nueva
convocatoria.
Una ley de carácter constitucional determinará el procedimiento para exigir la
responsabilidad criminal del Presidente de la República.
TÍTULO VI
Gobierno
Art. 86. El Presidente del Consejo y los Ministros constituyen el Gobierno.
Art. 87. El Presidente del Consejo de Ministros dirige y representa la política general del
Gobierno. Le afectan las mismas incompatibilidades establecidas en el artículo 70 para el
Presidente de la República.
A los Ministros corresponde la alta dirección y gestión de los servicios públicos asignados
a los diferentes departamentos ministeriales.
Art. 88. El Presidente de la República, a propuesta del Presidente del Consejo, podrá
nombrar uno o más Ministros sin cartera.
Art. 89. Los miembros del Gobierno tendrán la dotación que determinen las Cortes.
Mientras ejerzan sus funciones, no podrán desempeñar profesión alguna, ni intervenir
directa o indirectamente en la dirección o gestión de ninguna empresa ni asociación
privada.
Art. 90. Corresponde al Consejo de Ministros, principalmente, elaborar los proyectos de
ley que haya de someter al Parlamento, dictar decretos; ejercer la potestad reglamentaria,
y deliberar sobre todos los asuntos de interés público.
Art. 91. Los miembros del Consejo responderá ante el Congreso: solidariamente de la
política del Gobierno, e individualmente de su propia gestión ministerial.
Art. 92. El Presidente del Consejo y los Ministros son, también, individualmente
responsables, en el orden civil y en el criminal, por las infracciones de la Constitución y
de las leyes.
En caso de delito, el Congreso ejercerá la acusación ante el Tribunal de Garantías
Constitucionales en la forma que la ley determine.
Art. 93. Una ley especial regulará la creación y el funcionamiento de los órganos asesores
y de ordenación económica de la Administración, del Gobierno y de las Cortes.
Entre estos organismos figurará un Cuerpo consultivo supremo de la República en
asuntos de Gobierno y Administración, cuya composición, atribuciones y funcionamiento
serán regulados por dicha ley.
TÍTULO VII
Justicia
Art. 94. La Justicia se administra en nombre del Estado.
La República asegurará a los litigantes económicamente necesitados la gratuidad de la
Justicia. Los jueces son independientes en su función. Sólo están sometidos a la ley.
Art. 95. La Administración de justicia comprenderá todas las jurisdicciones existentes,
que serán regula das por las leyes.
La jurisdicción penal militar quedará limitada a los delitos militares, a los servicios de
armas y a la disciplina de todos los Institutos armados.
No podrá establecerse fuero alguno por razón de las personas ni de los lugares. Se
exceptúa el caso de Guerra, con arreglo a la ley de Orden público.
Quedan abolidos todos los Tribunales de honor, tanto civiles como militares.
Art. 96. El Presidente del Tribunal Supremo será designado por el Jefe del Estado, a
propuesta de una Asamblea constituida en la forma que determine la ley.
El cargo de Presidente del Tribunal Supremo sólo requerirá ser español, mayor de
cuarenta años y licenciado en Derecho.
Le comprenderán las incapacidades e incompatibilidades establecidas para los demás
funcionarios judiciales.
El ejercicio de su magistratura durará diez años.
Art. 97. El Presidente del Tribunal Supremo tendrá, además de sus facultades propias, las
siguientes:
a) Preparar y proponer al Ministro y a la Comisión Parlamentaria de Justicia, leyes de
reforma judicial y de los Códigos de procedimiento. b) Proponer al Ministro, de acuerdo
con la Sala de gobierno y los asesores jurídicos que la ley designe entre elementos que no
ejerzan la Abogacía, los ascensos y traslados de jueces, magistrados y funcionarios
fiscales.
El Presidente del Tribunal Supremo y el Fiscal general de la República estarán agregados,
de modo permanente, con voz y voto, a la Comisión parlamentaria de justicia, sin que por
ello implique asiento en la Cámara.
Art. 98. Los Jueces y Magistrados no podrán ser jubilados, separados ni suspendidos en
sus funciones, ni trasladados de sus puestos sino con sujeción a las leyes, que contendrán
las garantías necesarias para que sea efectiva la independencia de los Tribunales.
Art. 99. La responsabilidad civil y criminal en que puedan incurrir los Jueces,
Magistrados y Fiscales en el ejercicio de sus funciones o con ocasión de ellas, será
exigible ante el Tribunal Supremo con intervención de un Jurado especial, cuya
designación, capacidad e independencia regulará la ley. Se exceptúa la responsabilidad
civil y criminal de los Jueces y Fiscales municipales que no pertenezcan a la carrera
judicial.
La responsabilidad criminal del Presidente y los Magistrados del Tribunal Supremo y del
Fiscal de la República será exigida por el Tribunal de Garantías Constitucionales.
Art. 100. Cuando un Tribunal de Justicia haya de aplicar una ley que estime contraria a la
Constitución, suspenderá el procedimiento y se dirigirá en consulta al Tribunal de
Garantías Constitucionales.
Art. 101. La ley establecerá recursos contra la ilegalidad de los actos o disposiciones
emanadas de la Administración en el ejercicio de su potestad reglamentaria, y contra los
actos discrecionales de la misma constitutivos de exceso o desviación de poder.
Art. 102. Las amnistías sólo podrán ser acordadas por el Parlamento. No se concederán
indultos generales. El Tribunal Supremo otorgará los individuales a propuesta del
sentenciador, del Fiscal, de la Junta de Prisiones o a petición de parte.
En los delitos de extrema gravedad podrá indultar el Presidente de la República, previo
informe del Tribunal Supremo y a propuesta del Gobierno responsable.
Art. 103. El pueblo participará en la Administración de Justicia mediante la institución
del Jurado, cuya organización y funcionamiento serán objeto de una ley especial.
Art. 104. El Ministerio Fiscal velará por el exacto cumplimiento de las leyes y por el
interés social.
Constituirá un solo cuerpo y tendrá las mismas garantías de independencia que la
Administración de la justicia.
Art. 105. La ley organizará Tribunales de urgencia para hacer efectivo el derecho de
amparo de las garantías individuales.
Art. 106. Todo español tiene derecho a ser indemnizado de los perjuicios que se le
irroguen por error judicial o delito de los funcionarios judiciales en el ejercicio de sus
cargos, conforme determinen las leyes.
El Estado será subsidiariamente responsable de estas indemnizaciones.
TÍTULO VIII
Hacienda pública
Art. 107. La formación del proyecto de Presupuestos corresponde al Gobierno; su
aprobación a las Cortes. El Gobierno presentará a éstas, en la primera quincena de octubre
de cada año, el proyecto de Presupuestos generales del Estado para el ejercicio económico
siguiente.
La vigencia del Presupuesto será de un año.
Si no pudiera ser votado antes del primer día del año económico siguiente se prorrogará
por trimestres la vigencia del último Presupuesto, sin que estas prórrogas puedan exceder
de cuatro.
Art. 108. Las Cortes no podrán presentar enmienda sobre aumento de créditos a ningún
artículo ni capítulo del proyecto de Presupuestos, a no ser con la firma de la décima parte
de sus miembros. Su aprobación requerirá el voto favorable de la mayoría del Congreso.
Art. 109. Para cada año económico no podrá haber sino un solo Presupuesto, y en él serán
incluidos, tanto en ingresos como en gastos, los de carácter ordinario.
En caso de necesidad perentoria, a juicio de la mayoría absoluta del Congreso, podrá
autorizarse un Presupuesto extraordinario.
Las cuentas del Estado se rendirán anualmente y, censuradas por el Tribunal de Cuentas
de la República, éste, sin perjuicio de la efectividad de sus acuerdos, comunicará a las
Cortes las infracciones o responsabilidades ministeriales en que, a su juicio, se hubiere
incurrido.
Art. 110. El Presupuesto general será ejecutivo por el solo voto de las Cortes y no
requerirá, para su vigencia, la promulgación del Jefe del Estado.
Art. 111. El Presupuesto fijará la Deuda flotante que el Gobierno podrá emitir dentro del
año económico y que quedará extinguida durante la vida legal del Presupuesto.
Art. 112. Salvo lo dispuesto en el artículo anterior, toda ley que autorice al Gobierno para
tomar caudales a préstamo, habrá de contener las condiciones de éste, incluso el tipo
nominal de interés, y en su caso, de la amortización de la deuda.
Las autorizaciones al Gobierno en este respecto se limitarán, cuando así lo estimen
oportuno las Cortes, a las condiciones y al tipo de negociación .
Art. 113. El Presupuesto no podrá contener ninguna autorización que permita al Gobierno
sobrepasar en el gasto la cifra absoluta en él consignada, salvo caso de guerra. En
consecuencia, no podrán existir los créditos llamados ampliables.
Art. 114. Los créditos consignados en el estado de gastos representan las cantidades
máximas asignadas a cada servicio, que no podrán ser alteradas ni rebasadas por el
Gobierno. Por excepción, cuando las Cortes no estuvieren reunidas, podrá el Gobierno
conceder, bajo su responsabilidad, créditos o suplementos de crédito para cualquiera de
los siguientes casos:
a) Guerra o evitación de la misma.
b) Perturbaciones graves de orden público o inminente peligro de ellas.
c) Calamidades públicas.
d) Compromisos internacionales.
Las leyes especiales determinarán la tramitación de estos créditos
Art. 115. Nadie estará obligado a pagar contribución que no esté votada por las Cortes o
por las Corporaciones legalmente autorizadas para imponerla
La exacción de contribuciones, impuestos y tasas y la realización de ventas y operaciones
de crédito, se entenderán autorizadas con arreglo a las leyes en vigor, pero no podrán
exigirse ni realizarse sin su previa autorización en el estado de ingresos del Presupuesto.
No obstante, se entenderán autorizadas las operaciones administrativas previas, ordenadas
en las leyes.
Art. 116. La ley de Presupuestos, cuando se considere necesaria, contendrá solamente las
normas aplicables a la ejecución del Presupuesto a que se refiera.
Sus preceptos sólo regirán durante la vigencia del Presupuesto mismo.
Art. 117. El Gobierno necesita estar autorizado por una ley para disponer de las
propiedades del Estado y para tomar caudales a préstamo sobre el crédito de la Nación.
Toda operación que infrinja este precepto será nula y no obligará al Estado a su
amortización ni al pago de intereses.
Art. 118. La Deuda pública está bajo la salvaguardia del Estado. Los créditos necesarios
para satisfacer el pago de intereses y capitales se entenderán siempre incluidos en el
estado de gastos del Presupuesto y no podrán ser objeto de discusión mientras se ajusten
estrictamente a las leyes que autorizaron la emisión. De idénticas garantías disfrutará, en
general, toda operación que implique, directa o indirectamente, responsabilidad
económica del Tesoro, siempre que se dé el mismo supuesto.
Art. 119. Toda ley que instituya alguna Caja de amortizació n, se ajustara a las siguientes
normas:
1.ª Otorgará a la Caja la plena autonomía de gestión.
2.ª Designará concreta y específicamente los recursos con que sea dotada. Ni los recursos,
ni los capitales de la Caja podrán ser aplicados a ningún otro fin del Estado.
3.ª Fijará la Deuda o Deudas cuya amortización se le confíe.
El presupuesto anual de la Caja necesitará para ser ejecutivo la aprobación del Ministro
de Hacienda. Las cuentas se someterán al Tribunal de Cuentas de la República. Del
resultado de esta censura conocerán las Cortes.
Art. 120. El Tribunal de Cuentas de la República es el órgano fiscalizador de la gestión
económica. Dependerá directamente de las Cortes y ejercerá sus funciones por delegación
de ellas en el conocimiento y aprobación final de las cuentas del Estado.
Una ley especial regulará su organización, competencia y funciones.
Sus conflictos con otros organismos serán sometidos a la resolución del Tribunal de
Garantías Constitucionales.
TÍTULO IX
Garantías y reformas de la Constitución
Art. 121. Se establece, con jurisdicción en todo el territorio de la República, un Tribunal
de Garantías Constitucionales, que tendrá competencia para conocer de:
a) El recurso de inconstitucionalidad de las leyes.
b) El recurso de amparo de garantías individuales, cuando hubiere sido ineficaz la
reclamación ante otras autoridades.
c) Los conflictos de competencia legislativa y cuantos surjan entre el Estado y las
regiones autónomas y los de éstas entre sí.
d) El examen y aprobación de los poderes de los compromisarios que juntamente con las
Cortes eligen al Presidente de la República.
e) La responsabilidad criminal del Jefe del Estado, del Presidente del Consejo y de los
Ministros.
f) La responsabilidad criminal del Presidente y los Magistrados del Tribunal Supremo y
del Fiscal de la República.
Art. 122. Compondrán este Tribunal:
Un Presidente designado por el Parlamento, sea o no diputado.
El Presidente del alto Cuerpo consultivo de la República a que se refiere el artículo 93.
El Presidente del Tribunal de Cuentas de la República.
Dos diputados libremente elegidos por las Cortes.
Un representante por cada una de las Regiones españolas, elegido en la forma que
determine la ley.
Dos miembros nombrados electivamente por todos los Colegios de Abogados de la
República.
Cuatro profesores de la Facultad de Derecho, designados por el mismo procedimiento
entre todas las de España.
Art. 123. Son competentes para acudir ante el Tribunal de Garantías Constitucionales:
1.° El Ministerio Fiscal. 2.° Los Jueces y Tribunales en el caso del artículo 100. 3.° El
Gobierno de la República. 4.° Las Regiones españolas. 5.º Toda persona individual o
colectiva, aunque no hubiera sido directamente agraviada.
Art. 124. Una ley orgánica especial, votada por estas Cortes, establecerá las inmunidades
y prerrogativas de los miembros del Tribunal y la extensión y efectos de los recursos a
que se refiere el artículo 121.
Art. 125. La Constitución podrá ser reformada:
a) A propuesta del Gobierno.
b) A propuesta de la cuarta parte de los miembros del Parlamento.
En cualquiera de estos casos, la propuesta señalará concretamente el artículo o artículos
que hayan de suprimirse, reformarse o adicionarse; seguirá los trámites de una ley y
requerirá el voto, acorde con la reforma de las dos terceras partes de los diputados en el
ejercicio del cargo, durante los cuatro primeros años de vida constitucional, y la mayoría
absoluta en lo sucesivo.
Acordada en estos términos la necesidad de la reforma, quedara automáticamente disuelto
el Congreso y será convocada nueva elección para dentro del término de sesenta días.
La Cámara así elegida, en funciones de Asamblea Constituyente, decidirá sobre la
reforma propuesta y actuará luego como Cortes ordinarias.
DISPOSICIONES TRANSITORlAS
1.ª Las actuales Cortes Constituyentes elegirán, en votación secreta, el primer Presidente
de la República. Para su proclamación deberá obtener la mayoría absoluta de votos de los
diputados en el ejercicio del cargo.
Si ninguno de los candidatos obtuviese la mayoría absoluta de votos se procederá a nueva
votación y será proclamado el que reúna mayor número de sufragios.
2.ª La ley de 26 de agosto pasado, en la que se determina la competencia de la Comisión
de responsabilidades, tendrá carácter constitucional transitorio hasta que concluya la
misión que le fue encomendada, y la de 21 de octubre conservará su vigencia asimismo
constitucional mientras subsistan las actuales Cortes Constituyentes, si antes no la
derogan éstas expresamente.
Entradas
No hay comentarios:
Publicar un comentario