Inmigración
´No pueden enviar a menores a su país cuando sus padres están aquí´
Denuncian que se están expulsando a niños y niñas a los que no se les renueva su autorización de residencia a pesar de que sus progenitores están legalizados
Más de un centenar de personas acudieron ayer a la asamblea informativa convocada por CC OO. Á.PÉREZ
R. GALLEGO Recursos económicos suficientes y una vivienda digna. Estas son las dos obligaciones que la Ley de Extranjería pide a los menores extranjeros para renovar sus autorizaciones de residencia. Dos exigencias que a priori son normales, pero que «no pasan por ser un disparate si se tiene en cuenta la situación actual que atraviesa el país», explicó ayer la secretaria de Política Social, Mujer e Inmigración de CC OO, Charo González.
El sindicato convocó ayer una asamblea informativa para evaluar la situación por la que están atravesando las personas extranjeras cuyos hijos se encuentran reagrupados a la hora de renovar su autorización de residencia y a la que acudió más de un centenar de personas.
Ahora, después de este encuentro, va a pedir una reunión con el delegado del Gobierno para hacerle entender que la interpretación restrictiva de la Ley de Extranjería está produciendo «un tratamiento desigual entre personas autóctonas de la Región y extranjeros», y que «o se soluciona mediante el diálogo o saldremos a la calle a manifestarnos», apunta González.
«Lo peor –señala– es que no pueden avisar a un menor de que va a ser enviado a su país en 15 días cuando sus padres están aquí. Padres que, además, están legalizados y son residentes de larga duración, pero que ven como a sus hijos no les renuevan su residencia».
González explica que esta ley también afecta a los menores extranjeros nacidos en España, los cuales son «víctimas de una ley restrictiva, que es muy injusta para ellos y que no les defiende en ningún momento. Estos menores, algunos de los cuales sólo conocen la Región, están pagando como si fueran los responsables últimos de la actual crisis económica».
El sindicato convocó ayer una asamblea informativa para evaluar la situación por la que están atravesando las personas extranjeras cuyos hijos se encuentran reagrupados a la hora de renovar su autorización de residencia y a la que acudió más de un centenar de personas.
Ahora, después de este encuentro, va a pedir una reunión con el delegado del Gobierno para hacerle entender que la interpretación restrictiva de la Ley de Extranjería está produciendo «un tratamiento desigual entre personas autóctonas de la Región y extranjeros», y que «o se soluciona mediante el diálogo o saldremos a la calle a manifestarnos», apunta González.
«Lo peor –señala– es que no pueden avisar a un menor de que va a ser enviado a su país en 15 días cuando sus padres están aquí. Padres que, además, están legalizados y son residentes de larga duración, pero que ven como a sus hijos no les renuevan su residencia».
González explica que esta ley también afecta a los menores extranjeros nacidos en España, los cuales son «víctimas de una ley restrictiva, que es muy injusta para ellos y que no les defiende en ningún momento. Estos menores, algunos de los cuales sólo conocen la Región, están pagando como si fueran los responsables últimos de la actual crisis económica».
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